Hoy se cumplen 10 años de esa nefasta sentencia, que vino a validar todas las prácticas administrativas racistas de la JCE y violadoras de los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como décadas de racismo de Estado, incluyendo la masacre racista de 1937, y el trabajo forzoso que persiste hoy en la industria azucarera, la construcción y otros sectores de nuestra economía.
El presidente Luis Abinader mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la candidatura del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente el gobierno dominicano decidió no participar en la sesión de compromisos de los estados organizada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demostrando que no tiene un verdadero compromiso de discutir de forma pública y transparente su propuestas en materia de derechos humanos.
El Movimiento Reconocido llama la atención acerca de la ilegalidad de estos operativos en los que agentes de la DGM, militares y policías que intervienen carecen de identificación visible y no actúan de acuerdo con las disposiciones constitucionales y del reglamento de la Ley de Migración 285-04, que prescriben la obligatoriedad de que los agentes estén plenamente identificados, que indiquen las razones legales de la detención y solo practiquen allanamientos que estén debidamente autorizados por un tribunal y en presencia de fiscales del Ministerio Público.
Esta política discriminatoria se apoya en una propaganda no sustentada en datos e informaciones reales, solo para atacar a mujeres embarazadas, en labores de parto o lactantes, dentro y en los alrededores de los hospitales públicos y otros centros de salud, como por ejemplo, el caso de la policlínica de Higüey, donde, en una acción flagrante y abiertamente violatoria de los derechos constitucionales y las leyes nacionales dominicanas, buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal. Esta situación es un indicio que estamos avanzando en una especie de apartheid, ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad.
Exhortan a las autoridades a reconocer el gran aporte que la comunidad dominicana de ascendencia, pese a la persecución que sufre, ha realizado en todos los órdenes de la vida nacional, como en el área deportiva, cultural, económica, académica y artística. Exigen garantizar que todas las personas en situación o riesgo de apatridia tengan la oportunidad de recuperar la nacionalidad y acceder plenamente a sus derechos como ciudadanos.