Reconocido defiende los derechos de la comunidad de ascendencia haitiana en ParLamericas
El martes 24 de octubre, Elena Lorac, coordinadora del Movimiento Reconocido, intervino en el panel “Migración y derechos de la niñez: una mirada desde la juventud”, realizado en el marco del encuentro interparlamentario titulado Perspectivas parlamentarias para una migración segura, ordenada y regular en América Latina y el Caribe, organizado por ParlAméricas, institución que vincula y en la que están representadas parlamentarios de los 35 países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Lorac defendió los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana ante las sistemáticas violaciones de sus derechos humanos y constitucionales en la República Dominicana.
Una década de lucha y resistencia contra la sentencia 168-13
Hoy se cumplen 10 años de esa nefasta sentencia, que vino a validar todas las prácticas administrativas racistas de la JCE y violadoras de los derechos fundamentales de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como décadas de racismo de Estado, incluyendo la masacre racista de 1937, y el trabajo forzoso que persiste hoy en la industria azucarera, la construcción y otros sectores de nuestra economía.
Racismo de Estado y Derechos Humanos en RD
El presidente Luis Abinader mencionó en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la candidatura del Estado dominicano al Consejo de Derechos Humanos. Lamentablemente el gobierno dominicano decidió no participar en la sesión de compromisos de los estados organizada por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, demostrando que no tiene un verdadero compromiso de discutir de forma pública y transparente su propuestas en materia de derechos humanos.
A nueve años de la Ley 169-14
A nueve años de la promulgación de la Ley 169-14, mediante la cual el Estado dominicano alegaba que abordaba la situación de las personas dominicanas afectadas por las políticas de desnacionalización, como la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado demostrado que el verdadero propósito de dicha ley fue neutralizar las denuncias nacionales e internacionales y desmovilizar las protestas, consolidando la desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. En estos nueve años, los sucesivos gobiernos han congelado la situación de las personas afectadas, dejándolas en un limbo jurídico, sin registro civil, con una documentación vencida y sin acceso a la nacionalidad dominicana y a los plenos derechos económicos, políticos y sociales. Es urgente revertir esta situación.