El 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13 que retiró la nacionalidad a todos los hijos(as) de migrantes nacidos en el país cuyos padres no hubiesen estado en situación migratoria regular. Lo hizo violando la Constitución y los más elementales principios jurídicos.
Recordemos que desde hacía tiempo la Junta Central Electoral había estado negando la entrega de actas de nacimientos y cédulas de identidad y electoral a todos los dominicanos(as) de ascendencia haitiana, con la Resolución 12-07, por ser hijos de haitianos, tener apellidos “raros” o sencillamente por ser negros.
La Constitución Dominicana en su artículo 11 sobre nacionalidad,decía que por el simple hecho de nacer en tierra dominicana tenemos el derecho a la nacionalidad. Eso lo cambiaron en la reforma constitucional de 2010, pero aun así la Constitución actual dice que son dominicanos(as)quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución. (art.18, 2)
Es decir que aun con el cambio que hicieron, todos los que nacimos antes de 2010, sea cual sea la situación migratoria de nuestros padres, seguimos teniendo derecho a la nacionalidad porque la Constitución así lo dice.
El Tribunal Constitucional ignoró todo eso y aplicó de manera retroactiva su decisión.
El Tribunal Constitucional dijo en su sentencia que no tienen derecho a la nacionalidad todos los nacidos de padres extranjeros en situación migratoria no regular, nacidos desde el 1929 en adelante.
Con esta decisión el país nos ha discriminado, el Tribunal Constitucional nos ha desnacionalizado por ser negros e hijos de padres extranjeros, especialmente por ser hijos de haitianos, y eso no lo podemos olvidar.
Con la sentencia 168-13 el país puso en condición de apatridia a miles de dominicanos/as de ascendencia haitiana.
Según cálculos conservadores, más de 120 mil dominicanos tendrían sus documentos en tela de juicio, más 50 mil dominicanos a los cuales no se les ha entregado nunca ningún documento ni registro. Esto suma casi 200 mil afectados y afectadas, desnacionalizados por el Estado y hechos apátridas.
Para que se entienda: un desnacionalizado pierde todo derecho civil y político; un apátrida es alguien no que no es de ningún lado, ningún país lo reconoce como nacional. Eso han hecho la JCE y el Tribunal Constitucional con esa sentencia, convertirnos en apátridas, dominicanos sin derechos.
