La coordinadora del Movimiento Reconocido defendió los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana en ParLamericas
El martes 24 de octubre, Elena Lorac, coordinadora del Movimiento Reconocido, intervino en el panel “Migración y derechos de la niñez: una mirada desde la juventud”, realizado en el marco del encuentro interparlamentario titulado Perspectivas parlamentarias para una migración segura, ordenada y regular en América Latina y el Caribe, organizado por ParlAméricas, institución que vincula y en la que están representadas parlamentarios de los 35 países de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Lorac defendió los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana ante las sistemáticas
violaciones de sus derechos humanos y constitucionales en la República Dominicana.
Luego de realizar un recuento de las medidas administrativas, judiciales y legislativas que dieron origen a la mayor población en situación de apatridia en el hemisferio occidental, así como las actividades que realiza el Movimiento Reconocido en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, que abarcan todos los derechos económicos, sociales y políticos que se niegan a las personas desnacionalizadas, Lorac explicó que la organización ha “documentado las detenciones arbitrarias que sufren personas dominicanas de ascendencia haitiana en el marco de la política de deportaciones masivas que lleva a cabo el gobierno dominicano desde 2021 en base al perfilamiento racial y que incluye la realización sistemática de allanamientos sin orden judicial, detención ilegal de mujeres embarazadas y niños y niñas sin acompañamiento de familiares, entre otras violaciones flagrantes a las leyes y la constitución”.
“Esta política abiertamente racista afecta de manera directa a las vidas de decenas y miles de jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, a quienes el Estado le ha impedido tener un registro civil, un acta de nacimiento o un documento de identidad como es la cédula de identidad. La política racista de desnacionalización impide a miles de personas tener acceso a derechos fundamentales tales como acceso a la salud, educación, empleo formal y protección social e incluso hasta para obtener algo tan sencillo como una línea de telefonía celular personalizada o una cuenta bancaria”, explicó a una impactada audiencia.
“La discriminación racial sistemática del Estado dominicano no se reduce a la
desnacionalización racializada, también se refleja en la decisión del Estado dominicano de negar las pensiones a trabajadores haitianos de la industria azucarera con décadas trabajando y realizando aportes para la seguridad social. También se refleja en el trabajo forzado en la industria azucarera, , asimismo en la extorsión y robos que permanentemente sufren personas haitianas y dominicanas de ascendencia por parte de agentes policiales, militares y migratorios, y un permanente discurso de odio por parte de los gobiernos de la República que presenta a los inmigrantes haitianos y su descendencia dominicana como
una carga para el Estado y hasta como una supuesta amenaza a la seguridad nacional”, agregó.
Las personas dominicanas de ascendencia haitiana componen una categoría poblacional estimada por la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2017 en 277,046 personas, lo que representaba el 2.7% de la población total dominicana. Tratándose de una población fundamentalmente joven, su aumento poblacional es relativamente acelerado y su capacidad de identificación e integración o no al país y la sociedad que los vio nacer constituye un factor clave de estabilidad y progreso social. “Lamentablemente el Estado dominicano ha optado por una estrategia de marginación y discriminación racial que pone obstáculos para la superación de la pobreza y genera vulnerabilidad a crímenes como la trata de personas y el trabajo forzoso”, analizó Lorac.
Se ilustró esta situación con algunos ejemplos, como el de la joven Juana, cuyo nombre real no fue revelado para proteger su identidad ante la posibilidad de represalias, quien tiene 28 años de edad, terminó su bachillerato hace 6 años y no ha podido ingresar a la universidad. La propia Elena Lorac explicó que de haber tenido que participar en una reunión como esta en octubre del año 2014, “no hubiese podido porque aún con 26 años no tenía cédula de identidad, la cual solo pude obtener luego de una larga batalla legal contra el Estado racista dominicano”.
Recordó que el Estado dominicano de manera engañosa promulgó hace nueve años la ley 169-14, prometiendo a las personas apátridas que ya habían tenido su plena documentación que recuperarían sus papeles de identidad. “Pero no todos la han recuperado y quienes sí lo hicieron pasaron a un registro civil segregado racialmente. Además, a quienes no tenían ninguna documentación se les ofreció una vía excepcional para la naturalización, al cabo de dos años, para ellos la estafa ha sido total porque ninguna de esas personas cuenta hoy con su cédula de identidad dominicana. El Estado dominicano los engañó”, sentenció.
Afirmó que no se puede excluir o discriminar a niños y niñas del acceso a la educación y la salud. “No solo, como ocurre en el caso dominicano, por trabas burocráticas a partir de la realización de las pruebas nacionales, que no permiten la continuidad de los estudios de las niñas y niños dominicanos de ascendencia haitiana y haitianos con problemas de documentación, sino también por la política de persecución racista que lleva a que miles de niños sean detenidos en las escuelas o sus alrededores, situación que aumenta el miedo y la deserción escolar. También es muy importante que las autoridades políticas se abstengan de utilizar discursos racistas que estigmatizan a niños y niñas inmigrantes o cuyos padres son inmigrantes, por ejemplo culpándolos de las carencias del sistema educativo o de la falta de cupos en las escuelas. Esta ha sido una práctica recurrente en la República Dominicana a pesar de que apenas alrededor del 4% de las niñas y niños escolarizados son de nacionalidad haitiana”.
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de la República Dominicana postula la
construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades donde se
promueva la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial. “Esto es lo opuesto de lo que está haciendo el Estado dominicano en perjuicio de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, a las que condena la desigualdad, la pobreza y la marginación. La población dominicana de ascendencia haitiana no puede seguir siendo excluida, marginada, perseguida y estigmatizada por los sucesivos gobiernos dominicanos. Debe ser reconocida como sujeto de derechos y gozar de plena igualdad, sin sufrir la discriminación racial del Estado dominicano. El primer paso, pero no el único, es reconocer plenamente nuestro derecho a la nacionalidad”, culminó Lorac ante los aplausos del auditorio.
