Movimiento Reconocido alerta sobre el peligro que representan los discursos oficiales xenófobos y racistas

Ante la intensificación de los discursos gubernamentales que estigmatizan a la comunidad inmigrante haitiana, promoviendo su persecución y la violación de sus derechos humanos, llamando a la intervención militar internacional en Haití y anunciando de que se cerrará la frontera y se negará el derecho a solicitar asilo y refugio a personas provenientes de Haití en el caso de una eventual invasión extranjera contra ese país, el Movimiento Reconocido alerta al pueblo dominicano y a las organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos sobre los peligros que representa esta escalada antihaitiana para la convivencia pacífica y las libertades democráticas en la República Dominicana.

Las buenas relaciones de convivencia entre la República Dominicana y Haití son del mayor interés para todas las personas que viven en esta isla. Las relaciones binacionales deben fundamentarse en el respeto, comenzando por el respeto a la autodeterminación nacional y el derecho a dotarse de un gobierno propio, sin interferencia extranjera. En tal sentido llamamos a reflexionar sobre la política exterior agresiva que se está llevando a cabo al llamar a la intervención militar extranjera contra el pueblo haitiano, y a rectificar.

También resultan preocupantes políticas gubernamentales como la negación de atención médica a mujeres embarazadas haitianas y su detención con fines de expulsión, la expulsión de infantes separados de sus padres y representantes legales, la extorsión contra trabajadores inmigrantes a cambio de permitirles permanecer en el país, las detenciones en condiciones insalubres y violatorias de los derechos humanos en Haina y otros centros de detención, y en casos extremos incluso el asesinato de personas haitianas a manos de agentes militares, policiales o migratorios, tal como en el caso del joven Deluise Estimable, asesinado en un camión de la DGM a fines de julio.

El Movimiento Reconocido destaca hechos como la expulsión de más de cien trabajadores haitianos y sus familias de sus casas, sufriendo la quema de sus casas y sus bienes, en la provincia de Puerto Plata, a inicios de octubre; las movilizaciones del 6 de agosto y el 1 de octubre por parte de organizaciones de ultraderecha encabezadas por una institución estatal, el Instituto Duartiano, exigiendo una campaña de limpieza étnica con deportaciones masivas de personas haitianas; así como el brutal asesinato de Pascual Salas el 6 de agosto en Santo Domingo Este, por parte de un extremista que lo confundió con un haitiano por el color de su piel.

Como es sabido, un discurso de odio es un discurso que sirve para justificar agresiones e incluso el intento de destruir a una comunidad históricamente discriminada. El discurso del presidente Abinader y sus ministros calificando a la comunidad inmigrante como una carga para el país o incluso una amenaza para su soberanía, alimenta la violencia racista y xenófoba. Para contextualizar históricamente los enormes peligros que implica un discurso oficial donde se legitiman teorías conspirativas sobre la migración haitiana como “invasión pacífica”, basta con recordar que miles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana fueron asesinadas en 1937 por el régimen trujillista bajo esos mismos argumentos, de falsa defensa de la “soberanía”, ante la presencia de una laboriosa y pacífica comunidad inmigrante haitiana.

Nos preocupa constatar que la crisis de Haití se utiliza de manera demagógica para distraer de los problemas agudos que padecen las comunidades de las principales ciudades y zonas rurales de nuestro país, lo cual representa un grave peligro para la convivencia pacífica y democrática. También es preocupante que se utilice la crisis haitiana para justificar la negación de cualquier posibilidad de regularización migratoria a personas que tienen décadas viviendo en República Dominicana y aportando al desarrollo nacional, como es el caso de trabajadores haitianos de la industria azucarera, de otros rubros agrícolas, la construcción y el turismo.

Nuestra comunidad dominicana de ascendencia haitiana, es igualmente víctima de la discriminación racial que aplica este gobierno al mantenernos en la marginación y exclusión. A la negación de cualquier posibilidad de recuperar la documentación que acredita nuestra nacionalidad dominicana, se suma la persecución que venimos sufriendo, mediante detenciones arbitrarias por parte de agentes de la Dirección General de Migración (DGM), ampliamente documentadas por nuestra organización.

La discriminación y la violencia estatal crecen paralelamente al aumento de la agresividad de los grupos de ultraderecha. Esta confluencia es una grave amenaza para los derechos democráticos de todo el pueblo dominicano. Aquellos sectores que se oponen a los derechos de las personas inmigrantes haitianas, también se oponen a los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, se oponen a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT, e incluso se oponen violentamente a políticas públicas como la vacunación contra el covid19 o la realización de un censo. Son un peligroso factor de atraso para nuestro país.

Hay que parar tanta irracionalidad antes de que sea demasiado tarde. Llamamos al gobierno a cesar de inmediato la promoción del miedo y el odio hacia la comunidad inmigrante haitiana y a cesar las violaciones a los derechos humanos contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.