Santo Domingo, 12 de enero 2016
Ante las recientemente declaraciones de la JCE de que los dominicanos beneficiados por la ley 169-14 no están acudiendo a retirar sus documentos a las Oficialías conforme lo establece la ley, para edificación de la población y de las autoridades queremos precisar lo siguiente:
- Desde la aprobación de la ley 169-14 hasta la fecha, y muy especialmente a partir de la publicación de la lista de los 55 mil auditados, los dominicanos de ascendencia haitiana no hemos dejado de acudir a las Oficialías en búsqueda de nuestros documentos, incluso en decenas de ocasiones.
- El personal de la JCE sigue poniendo trabas, no aplica la ley, ni sigue las instrucciones de la Circular 24-2015. Persiste la imposición de inconvenientes no previstos en la ley, incluyendo la exigencia de documentos de parientes.
- Los/as destinatarios de la ley 169-14 no reciben atención con prontitud. Muchos casos siguen siendo remitidos desde las Oficialías de las Provincias a la Sede Central, lo que genera gastos en traslado y una inversión de tiempo sin seguridad de entrega, pese a que la ley habla de la entrega expedita.
- Por otro lado ha faltado una campaña informativa, no todos los destinatarios de la ley 169-14 están informados de las supuestas facilidades para la tramitación de sus casos y obtención de documentos.
- Muchas de las personas que ya han recibido sus actas y cédulas no pueden declarar a sus hijos e hijas, con el argumento de que deben esperar de tres a seis meses hasta recibir la autorización del nivel central o que sus cédulas estén habilitadas en el sistema del registro civil.
- La JCE continúa haciendo demandas en nulidad de los registros originales de los dominicanos de ascendencia haitiana; la gran mayoría de los afectados/as con esta situación la desconocen, pocos son notificados, no saben qué hacer frente a este tipo de demanda. Para defenderse están obligados a constituir un abogado, lo cual muchas veces no saben, y tampoco tienen recursos para pagar los costes legales.
- Hasta ahora la JCE no ha establecido una estrategia de comunicación efectiva hacia los beneficiarios de la Ley 169-14, que procure interactuar de forma directa con ellos, en el marco de una perspectiva de inclusión social.
Para los dominicanos de ascendencia haitiana recibir la cédula de identidad no ha significado que sus problemas de documentación y los de sus hijos hayan sido resueltos. Tal es el caso de Juliana Deguis, de quien la propaganda pública ha hecho que la población piense que sus problemas ya fueron solucionados, pues a pesar de que la JCE le hizo entrega de la cédula por medio de la transcripción a estas alturas mantiene procesos legales en contra de sus derechos civiles, que entre otras cosas le impiden la declaración de sus hijos.
Es por todo lo antes señalado que queremos llamar la atención de las autoridades y de los diferentes poderes públicos del país; este es un asunto de derechos humanos que no se puede reducir a un conflicto de ciudadanos con la JCE, concierne al Estado y sus poderes públicos deben procurar la solución a dicho problema velando por el respeto de los derechos civiles y políticos, tal y como lo ordena la Constitución Dominicana.
