Repudiamos la campaña de deportaciones masivas y el decreto 668-22 del presidente Abinader (English version below)
El presidente Abinader ha reaccionado violentamente al llamado de atención que ha recibido a nivel internacional por sus masivas violaciones a los derechos humanos contra la comunidad inmigrante haitiana. El presidente ha amenazado con aumentar el ritmo de las deportaciones de personas haitianas, y ha emitido el peligroso decreto 668-22 que habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas. Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno.
Rechazamos estas amenazas y el recrudecimiento de la persecución racista contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. Recordamos que actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU emitieron el 3 de noviembre un comunicado llamando a todos los Estados a suspender el retorno forzado de personas haitianas a su país, dada la situación de crisis humanitaria. El Alto Comisionado de la ACNUR, Filippo Grandi, explicó que las expulsiones masivas de personas que buscan refugio y las detenciones arbitrarias son violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derecho al refugio.
Antes de ello, incluso el 28 de octubre el gobierno estadounidense aliado al gobierno de Abinader, a través de la funcionaria Uzra Zeya, solicitó tomar medidas contra la trata de personas y específicamente recomendó proteger de la trata a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Está ampliamente documentada la participación de agentes militares y policiales dominicanos en el negocio del tráfico de personas. El 10 de noviembre, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, insistió en un breve comunicado en el llamado a no continuar las expulsiones hacia Haití, y pidió al gobierno dominicano “aumentar los esfuerzos para prevenir la xenofobia, discriminación y formas relacionadas de intolerancia basadas en el origen nacional, racial o étnico, o el estatus migratorio”.
Abinader respondió desde el Palacio Nacional que consideraba la declaración del representante de la ONU como “inaceptable e irresponsable”, y amenazó con no solo mantener el actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo. Contradictoriamente, dijo que el Estado dominicano “ha sido mucho más solidario que todos los países del mundo”, y repitió el viejo cuento de que los inmigrantes haitianos son una carga económica. El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio.
Subiendo la apuesta, Abinader emitió el 11 de noviembre el decreto 668-22, en el que alegando razones de seguridad nacional ordena la expulsión masiva de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que viven desde hace décadas en bateyes de las zonas cañeras que son tierras estatales. Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano.
Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas.
Más allá de las críticas que tenemos al rol de la ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante un alarmante escalamiento de la política racista y xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el llamado a una intervención militar internacional contra Haití. Entre enero y septiembre de este año, el gobierno dominicano ha realizado más de 85 mil expulsiones de personas haitianas, según cifras oficiales. El gobierno dominicano ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios.
La Dirección General de Migración (DGM) viola la Constitución, que establece que los agentes que realizan cualquier detención deben identificarse. También son comunes los allanamientos de viviendas sin orden judicial. Además, se violan todos los protocolos binacionales en materia migratoria, con la expulsión de personas por puntos fronterizos no oficiales, en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones. A todo esto se suma la extorsión cotidiana que sufren las personas inmigrantes y dominicanas de ascendencia haitiana por parte de agentes policiales y migratorios, la detención en centros insalubres, el hacinamiento en los autobuses de la DGM, y el robo de teléfonos celulares y otros bienes. En algunos casos, ha habido torturas y asesinatos por parte de los agentes policiales y migratorios en el marco de estos operativos.
La cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana. La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano. Las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales.
Esta política autoritaria, antidemocrática, que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población para satisfacer a la extrema derecha, lejos de mostrar fortaleza es un síntoma de debilidad. El presidente es incapaz de dar una respuesta pública a la extrema derecha que llama a boicotear el censo nacional, pero se muestra duro y “patriótico” ante los organismos de derechos humanos. También compite en antihaitianismo con la derecha antivacunas, anti-aborto y anti-censo que participa junto al Instituto Duartiano, institución estatal, en marchas neofascistas.
El reconocimiento de la condición de refugiados de un grupo de personas no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país. En los últimos años, millones de refugiados venezolanos, sirios y ucranianos han salido de sus países sin que se haya generado ninguna fusión de países o cesión de territorios. Es inaceptable que la política pública se base en teorías conspirativas racistas e ideologías neotrujillistas.
Llamamos a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22.
¡Abajo el decreto 668-22!
¡Las vidas haitianas importan!
¡Ni apartheid ni limpieza étnica en República Dominicana!
Firmas de organizaciones
República Dominicana
Movimiento Reconocido
Coordinadora Popular Nacional
Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST)
Movimiento Caamañista
Izquierda Revolucionaria
HaitianosRD
Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA)
Unión de Trabajadores Cañeros (UTC)
Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó
Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM)
Agenda Solidaridad
Red Urbano Popular
Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP)
Unión Democrática de Mujeres (UDEMU)
Militancia Revolucionaria Socialista
CUDEM
Sindicato de Teatristas de la República Dominicana
Educación Espejo
Acción Afro-Dominicana
Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba RD
Foro Feminista Magaly Pineda
Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH)
Fundación Código Humano
Junta de Prietas
MOSCTHA
Aquelarre RD
Movimiento Feminista Hermanas Mirabal
Movimiento Azueï
Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas
RD es de Todes
Fundación InteRed-República Dominicana
Revista Dominicana
Argentina
Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Lxs Safinas
Ciudades Feministas (CISCSA)
Colombia
Sindicato de Trabajadores Artesanales, Informales e Independientes de Medellín (SINTRAIM)
Junta Cívica Paraje El Pinar
AIH Colombia
Ecuador
Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente
Estado español
Equipo del Decenio Afrodescendiente
EEUU
Butterfly Effect NYC
DC AfroLatino Caucus
We Are All Dominican
Compas de la Diáspora
New Politics
Activist News Network
Heartland Alliance International
The People’s Forum
Take Back the Bronx
Workers World Party
Solidarity Center Action
Liberty Shared
Brothers@
Ending the Prison Industrial Complex, NYU Law
Undocubear
Dancing on Desks
Honduras
Colectiva La Maricada
México
Unión Popular Valle Gómez
Mano Amiga de la Costa Chica
Perú
Articulación Feminista Marcosur
Centro Flora Tristán
La Voz del Cajón
Puerto Rico
Movimiento 26 de Abril
Colectivo Cultural Educativo y de Estudios Interdisciplinarios
Clínica de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Verbo y piel
Reino Unido
Caribbean Labour Solidarity
Uruguay
Cotidiano Mujer
Firmas individuales
República Dominicana
Narciso Isa Conde, Movimiento Caamañista e Izquierda Revolucionaria
Altagracia Balcacer
Julio Ortega Frier
Angela Fernin, Feminist Forum Magaly Pineda
Desiree del Rosario Sosa
Roberto Espinal, Colegio Médico Dominicano
Javiela Evangelista
Marcel Méndez Fortuna
Fátima Lorenzo
Walter Cruz
Nelson J. Polanco
Argentina Gutiérrez, feminista
Yildalina Tatem Brache
Mirla Hernández Núñez
María Bizenny Martínez
Carlos Ortiz
Vannia Lara
Micely Díaz Espaillat
Fray David Peralta Ruben
Jenny Torres
Mirla Hernández Núñez
Isabel Espinal
Argentina
Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional electo por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) por la Provincia de Buenos Aires, dirigente nacional de Izquierda Socialista (IS)
Mónica Schotthauer, delegada ferroviaria y Diputada Nacional electa de IS y FIT-U;
Rubén “Pollo” Sobrero, Secretario General del Unión Ferroviaria seccional Oeste
Edgardo Reynoso dirigente ferroviario del Cuerpo de Delegados de Ramal TBA-Sarmiento
Angélica Lagunas, Secretaría Gral de ATEN Capital (Docentes)
Liliana Olivero, ex Diputada por Córdoba de Izquierda Socialista/FIT
Mariana Scayola (Secretaria General comisión directiva Ademys-docentes de Ciudad de Buenos Aires) y Jorge Adaro (Secretario Adjunto – Ademys)
Laura Marrone, dirigente docente de CABA y ex legisladora de IS-FIT en CABA
Mercedes Trimarchi, dirigente de la agrupación de mujeres Isadora y legisladora electa CABA
Mercedes de Mendieta, Diputada Nacional electa por el FITU por CABA, dirigente nacional de Isadora e Izquierda Socialista
Pablo Almeida, dirigente de Izquierda Socialista, delegado de junta interna ATE Min. De Economía y legislador electo CABA por el FIT-U
Bolivia
Humberto Balderrama, miembro de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores
Eliseo Mamani, ex ejecutivo Federación de Maestros Rurales de La Paz
Brasil
Joao Batista Araujo “Baba”, CST-PSOL
Chile
Ranier Rios Puebla, dirigente del MST
Colombia
Elissa L. Lister
Karent Hinestroza
Estado español
Paquita Suárez Coalla
Josep Lluis del Alcázar, delegado sindical de enseñanza pública y dirigente Lucha Internacionalista (LI)
Marga Olalla, delegada sindical de trabajadores municipales de Barcelona, Militante de LI
Miquel Blanch, delegado sindical de profesorado de escuelas de adultos, miembro de la Corriente Sindical de CCOO de Girona, Militante de LI
M. Esther del Alcázar, delegada sindical de enseñanza pública y dirigente de LI
EEUU
Amarilys Estrella
Rocio Silverio
Kleaver Cruz
Yanilda Gonzalez
Stephanie Holguín
Lorgia García Peña
Amaury Rodríguez
Miosotis Pantoja
Yanira Rodríguez
Dorca Reynoso
Raj Chetty
Djokaeff Louissaint
Diana Pérez-Ramírez
Angela Dunne
Natasha Wilson
Sarah Turner
Antonio Herrón Campos
Lindsay Ofrias
Luis Feliz León
Daniela Robles
Felipe Lora Longo
April Mayes
Lissette Acosta
Tatiana Flores
Ariel Francisco
Rebeca Acosta
Quizayra González
Asheesh Siddique
Mariel Acosta
Chantelle Mitchell
Susana Flores
Carlan Vásquez
Margaret Love
Natasha Lightfoot
Stanley Thangaraj
Michael Williams
Karrieann Soto Vega
Edithe Pierre
Sophie Maríñez
Raquel Virginia Cabrera
Bobby Rivera
Tatiana Reis
María José Nolasco
Perla Cuevas
Chandra Talpade Mohanty
Ruthy Alma
Haití
Jhak Valcourt
México
Enrique Gómez y Francisco Retama, dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS)
Jesús Torres Nuño, ex presidente del Consejo de Administración de Trabajadores Democráticos de Occidente (Tradoc)
Noruega
Jorgen Sorlie Yri
Panamá
Priscilla Vásquez, dirigente nacional de los trabajadores del Seguro Social
Virgilio Arauz, dirigente de Propuesta Socialista
Perú: Jorge Corzo, dirigente del Partido de los Trabajadores Uníos
Enrique Fernández Chacón, ex diputado nacional
Portugal
Verónica Sousa
Puerto Rico
Myrna Aponte
Martha Quiñones
Francisco Concepción
Aníbal Feliciano
Juan A. Gutiérrez
Gladys Escalona
Beatriz Llenín Figueroa
Ruth N. Figueroa
Catherine Betances
Emmily De Los Santos
Lissette Velez-Cross
Isabel Tadmiri
Cindy Núñez
Turquía
Sedat Durel, Secretario General del Sindicato de los trabajadores revolucionarios de la telecomunicación y de centros de llamados
Atakan Çiftçi, delegado del Sindicato de los trabajadores de educación y de ciencia
Oktay Çelik, presidente Partido por la Democracia Obrera (IDP)
Gorkem Duru, dirigente de IDP
Venezuela
José Bodas, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv)
Orlando Chirino, dirigente nacional de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)
Armando Guerra, ex dirigente sindical de Hidrocapital
Miguel Ángel Hernández, secretario general Partido Socialismo y Libertad (PSL)
We repudiate President Abinader’s campaign of mass deportations and decree 668-22
President Abinader has reacted violently to the international calls he has received due to his massive human rights violations against the Haitian immigrant community. The president has threatened to increase the pace of deportations of Haitian people and has issued the dangerous decree 668-22, which enables the expulsion of thousands of people who have been living in Bateyes on state lands for decades. We are facing a very dangerous campaign of massive deportations that could turn into a campaign of ethnic cleansing if the Dominican society doesn’t show democratic reflexes and puts a stop to the government.
We reject these threats and the intensification of racist persecution against Haitian immigrants, Dominicans of Haitian descent, and black Dominicans. We recall that currently around two hundred thousand Dominicans of Haitian descent continue to be denationalized as a result of court ruling 168-13 and that thousands of Haitians who have lived and worked for decades in the country do not have legal residency due to a deliberate policy of non-regularization of migrants applied by successive governments.
The United Nations Refugee Agency (UNHCR) and the UN High Commissioner for Human Rights issued a statement on November 3 calling on all States to suspend the forced return of Haitians to their country, given the humanitarian crisis situation there. High Commissioner Filippo Grandi explained that mass expulsions of people seeking refuge and arbitrary detentions are violations of international treaties and pacts on the right to refuge.
Prior to this, on October 28, even the US government, ally of the Abinader administration, through the official Uzra Zeya, suggested measures be taken against human trafficking and specifically recommended to protect Haitians and Dominicans of Haitian descent from trafficking. The involvement of Dominican military and police agents in human trafficking is widely documented. On 10 November, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Türk, insisted in a brief communiqué on the call not to continue expulsions to Haiti and asked the Dominican government to “increase efforts to prevent xenophobia, discrimination and related forms of intolerance based on national, racial or ethnic origin, or migratory status”.
Abinader responded from the National Palace that he considered the UN representative’s statement as “unacceptable and irresponsible”, and threatened not only to maintain the current rate of deportations but to increase it. Contradictorily, he said that the Dominican State “has been much more supportive (to Haitians) than all other countries in the world”, and repeated that Haitian immigrants are an economic burden. Abinader’s government de facto does not recognize the validity of international treaties on human rights and specifically on the right to refuge.
Upping the ante, Abinader issued Decree 668-22 on November 11, in which, alleging reasons of national security, he orders the massive expulsion of Haitians and Dominicans of Haitian descent who have been living for decades in bateyes in the sugar cane zones which are state lands. In addition to denying pension rights to the old sugar cane workers, the government is now directly threatening ethnic cleansing on a scale not seen since 1937. The expelled persons would be permanently banned from returning to Dominican territory.
Taking into account that the current legal framework already allows for the punishment of crimes against property and that decree 668-22 does not contribute anything new in this sense, it is evident that it is a fundamentally political document which enables the eviction of bateyes on State and private sugar cane company lands.
Beyond the criticisms we have of the role of the UN in Haiti, especially for the Minustah military occupation between 2004 and 2017, today we are facing an alarming escalation of the racist and xenophobic policy of the Dominican government, which includes the call by Abinader for an international military intervention against Haiti. Between January and September of this year, the Dominican government carried out more than 85 thousand expulsions of Haitian immigrants, according to official figures. The Dominican government carries out massive expulsions, including the arbitrary detention of pregnant women and infants unaccompanied by their parents or legal representatives. The arbitrary detention of Dominicans of Haitian descent in immigration operations has also been documented.
The General Directorate of Migration (DGM) violates the Constitution, which establishes that agents making any arrest must identify themselves. Searches of homes without warrants are also common. In addition, all binational immigration protocols are violated, with the expulsion of people through unofficial border points, on days and at times other than those established, among other violations. To all this must be added the daily extortion suffered by immigrants and Dominicans of Haitian descent by police and immigration agents, detention in centers without proper hygienic conditions, overcrowding in DGM buses, and theft of cell phones and other property. In some cases, there have been cases of torture and executions by police and immigration agents in the context of these operations.
The manhunt against black people carried out by the Abinader government is an expression of State terrorism against the immigrant community and Dominicans of Haitian descent, denationalized by sentence 168-13. Abinader has been carrying out an intense propaganda in which he describes the Haitian immigrant community as an economic burden, knowing that it is a hard-working community that makes enormous contributions to the Dominican economy and society. Agriculture, tourism, and construction are some of the industries that rely on the super-exploitation of the Haitian working class. The infrastructure built by this government also has the contribution of Haitian labor. Even the border wall, which is useless to stop migration but very useful in ideological terms, is built by Haitian workers. The persecution of the Haitian immigrant working class serves to keep them in conditions of extreme precariousness and super-exploitation, increasing capitalist profits.
This authoritarian, anti-democratic policy, which rages against the most vulnerable sectors of the population to satisfy the extreme right, far from showing strength, is a symptom of weakness. The president is incapable of giving a public response to the extreme right-wing that calls for a boycott of the national census but shows himself tough and “patriotic” before the human rights organizations. He also competes in anti-Haitianism with the anti-vaccine, anti-abortion, and anti-census right wing, which participates together with the Instituto Duartiano, a state institution, in neo-fascist marches.
The recognition of the refugee status of a group of people does not threaten the sovereignty of the Dominican Republic or any other country. In recent years, millions of Venezuelan, Syrian, and Ukrainian refugees have left their countries without any merger of countries or cession of territories. It is unacceptable that public policy is based on racist conspiracy theories and neo-Trujillo ideologies.
We call on all organizations that consider themselves democratic, anti-racist, feminist, and defenders of human rights in the Americas and the Caribbean to strongly repudiate the structurally racist, increasingly authoritarian, and human rights-violating policies of the Dominican government, especially the massive deportations and decree 668-22.
Abolish decree 668-22!
Haitian lives matter!
No apartheid or ethnic cleansing in the Dominican Republic!
Organizations
Dominican Republic
Reconocido Movement
National Popular Coordinating Committee
Socialist Workers’ Movement (MST)
Caamañista Movement
Revolutionary Left (IR)
HaitianosRD
Movement of Haitian-Dominican Women (MUDHA)
Mamá Tingó Sociopolitical Women
Community of Inclusive Dominican Lesbians (COLESDOM)
Solidarity Agenda
Urban Popular Network (Red Urbano Popular)
Unity and Progress Struggle Front (FLUP)
Democratic Women’s Union (UDEMU)
Revolutionary Socialist Militancy (MRS)
Espejo Education
Union of Theatrical Workers of the Dominican Republic
Afro-Dominican Action
Intercultural Connection for Well-Being and Autonomy La Ceiba DR
Feminist Forum Magaly Pineda
Dominican Committee for Human Rights (CDDH)
Human Code Foundation
Junta de Prietas
MOSCTHA
Aquelarre RD
Feminist Movement Mirabal Sisters
Azueï Movement
Movement of Working Peasants Movement United Communities
RD es de Todes
InteRed Foundation-Dominican Republic
Dominicana Magazine
Argentina
Steering Committee of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
Lxs Safinas
Feminist Cities (CISCSA)
Colombia
Union of Artisanal, Informal and Independent Workers of Medellin (SINTRAIM)
Paraje El Pinar Civic Board (Junta Cívica Paraje El Pinar)
AIH Colombia
Ecuador
Movimiento Mujeres Sectores Populares Luna Creciente
Spanish State
Afrodescendant Decade Team
USA
Butterfly Effect NYC
DC AfroLatino Caucus
We Are All Dominican
Diaspora Compas
New Politics
Activist News Network
Heartland Alliance International
The People’s Forum
Take Back the Bronx
Workers World Party
Solidarity Center Action
Liberty Shared
Brothers@
Ending the Prison Industrial Complex, NYU Law
Undocubear
Dancing on Desks
Honduras
La Maricada Collective
Mexico
Valle Gomez Popular Union
Mano Amiga de la Costa Chica
Peru
Articulación Feminista Marcosur
Flora Tristan Center
La Voz del Cajón
Puerto Rico
April 26th Movement
Colectivo Cultural Educativo y de Estudios Interdisciplinarios (Cultural Education and Interdisciplinary Studies Collective)
Human Rights Clinic, Interamerican University of Puerto Rico School of Law
Verbo y piel
United Kingdom
Caribbean Labour Solidarity
Uruguay
Cotidiano Mujer
Individual signatures
Dominican Republic
Narciso Isa Conde, Caamañista Movement and Revolutionary Left
Altagracia Balcacer
Julio Ortega Frier
Angela Fernin, Magaly Pineda Feminist Forum
Desiree del Rosario Sosa
Roberto Espinal, Dominican Medical Association
Javiela Evangelista
Marcel Mendez Fortuna
Fatima Lorenzo
Walter Cruz
Nelson J. Polanco
Argentina Gutierrez, feminist
Yildalina Tatem Brache
Mirla Hernández Núñez
María Bizenny Martínez
Carlos Ortiz
Vannia Lara
Micely Díaz Espaillat
Friar David Peralta Ruben
Jenny Torres
Mirla Hernández Núñez
Isabel Espinal
Argentina
Juan Carlos Giordano, National Deputy elected by the Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) for the Province of Buenos Aires, national leader of Izquierda Socialista (IS)
Mónica Schotthauer, railway delegate and elected National Deputy of IS and FIT-U;
Rubén “Pollo” Sobrero, General Secretary of Unión Ferroviaria Seccional Oeste (Western Railway Union)
Edgardo Reynoso, railroad leader of the Body of Delegates of the TBA-Sarmiento Branch Line.
Angélica Lagunas, General Secretary of ATEN Capital (Teachers)
Liliana Olivero, former Deputy for Córdoba of Izquierda Socialista/FIT (Socialist Left/FIT)
Mariana Scayola (General Secretary of the Board of Directors Ademys-teachers of the City of Buenos Aires) and Jorge Adaro (Assistant Secretary – Ademys)
Laura Marrone, CABA teacher leader and former legislator of IS-FIT in CABA.
Mercedes Trimarchi, leader of the women’s group Isadora and CABA elected legislator.
Mercedes de Mendieta, National Deputy elected by FITU for CABA, national leader of Isadora and Izquierda Socialista.
Pablo Almeida, leader of Izquierda Socialista, delegate of the internal board of ATE Min. of Economy and legislator elected CABA for the FIT-U.
Bolivia
Humberto Balderrama, member of the National Directorate of the Partido de los Trabajadores (Workers’ Party)
Eliseo Mamani, former executive of Federación de Maestros Rurales de La Paz (Federation of Rural Teachers of La Paz)
Brazil
Joao Batista Araujo “Baba”, CST-PSOL
Chile
Ranier Rios Puebla, MST leader
Colombia
Elissa L. Lister
Karent Hinestroza
Spanish State
Paquita Suárez Coalla
Josep Lluis del Alcázar, public education trade union delegate and leader of Lucha Internacionalista (LI)
Marga Olalla, union delegate of municipal workers of Barcelona, Militant of LI
Miquel Blanch, trade union delegate of teachers of adult schools, member of the Trade Union Current of CCOO of Girona, Militant of LI
M. Esther del Alcázar, public education union delegate and leader of LI
USA
Amarilys Estrella
Rocio Silverio
Kleaver Cruz
Yanilda Gonzalez
Stephanie Holguin
Lorgia Garcia Peña
Amaury Rodriguez
Miosotis Pantoja
Yanira Rodriguez
Dorca Reynoso
Raj Chetty
Djokaeff Louissaint
Diana Perez-Ramirez
Angela Dunne
Natasha Wilson
Sarah Turner
Antonio Herrón Campos
Lindsay Ofrias
Luis Feliz Leon
Daniela Robles
Felipe Lora Longo
April Mayes
Lissette Acosta
Tatiana Flores
Ariel Francisco
Rebeca Acosta
Quizayra Gonzalez
Asheesh Siddique
Mariel Acosta
Chantelle Mitchell
Susana Flores
Carlan Vasquez
Margaret Love
Natasha Lightfoot
Stanley Thangaraj
Michael Williams
Karrieann Soto Vega
Edithe Pierre
Sophie Maríñez
Raquel Virginia Cabrera
Bobby Rivera
Tatiana Reis
Maria Jose Nolasco
Perla Cuevas
Chandra Talpade Mohanty
Ruthy Alma
Haiti
Jhak Valcourt
Mexico
Enrique Gómez and Francisco Retama, leaders of the Movement Toward Socialism (MAS)
Jesús Torres Nuño, former president of the Board of Directors of the Democratic Workers of the West (Tradoc)
Norway
Jorgen Sorlie Yri
Panama
Priscilla Vásquez, national leader of Social Security workers
Virgilio Arauz, leader of the Socialist Proposal (Propuesta Socialista)
Peru: Jorge Corzo, leader of the Partido de los Trabajadores Unios (United Workers Party)
Enrique Fernández Chacón, former national congressman
Portugal
Veronica Sousa
Puerto Rico
Myrna Aponte
Martha Quiñones
Francisco Concepcion
Aníbal Feliciano
Juan A. Gutierrez
Gladys Escalona
Beatriz Llenín Figueroa
Ruth N. Figueroa
Catherine Betances
Emmily De Los Santos
Lissette Velez-Cross
Isabel Tadmiri
Cindy Nunez
Turkey
Sedat Durel, General Secretary of the Revolutionary Telecommunication and Call Center Workers’ Union
Atakan Çiftçi, Delegate of the Education and Science Workers’ Trade Union
Oktay Çelik, president of the Workers’ Democracy Party (IDP)
Gorkem Duru, leader of IDP
Venezuela
José Bodas, general secretary of the United Federation of Venezuelan Oil Workers (Futpv)
Orlando Chirino, national leader of the Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura) (Classist, Unitary, Revolutionary and Autonomous Current)
Armando Guerra, former union leader of Hidrocapital
Miguel Ángel Hernández, Secretary General of the Socialism and Liberty Party (PSL)
