El pasado jueves 7 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a una reunión de trabajo de seguimiento a los acuerdos del Plan Nacional de Regularización, que se realizaría al día siguiente viernes 8 de enero del año en curso en el Auditorio Eduardo Latorre de la Cancillería.

A dicha reunión fueron  invitadas diversas organizaciones de la sociedad civil entre las cuales también se invitó a RECONOCI.CO, por el título de la invitación dudamos en asistir ya que la misma especificaba que se trataría de los acuerdos del plan de regularización que si bien es cierto es tema de interés, pero no es necesariamente nuestro móvil de lucha como dominicanos-as de ascendencia haitiana. Hemos sido invitados dos veces a hablar del Plan de Regularización de Extranjeros, conforme fue establecido en el Decreto 327-14. O sea de un asunto diferente al que nos concierne conforme la Ley 169-14: el plan nacional de regularización de extranjeros es una cosa y la restitución del derecho a la nacionalidad mediante el régimen especial establecido en la ley 169-14, es otra cosa. La confusión en  este caso no es buena consejera.

Para RECONOCI.DO la apertura de una oficina de la JCE en la Cancillería, con el objeto de restituir los registros civiles de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana,  es tratar el tema de los dominicanos de ascendencia haitiana como si fuera un asunto de extranjería y los dominicanos de ascendencia haitiana no somos, no hemos sido ni seremos extranjeros en nuestra propia patria.

Al lugar donde institucionalmente cualquier dominicano debe ir a requerir sus  documentos civiles, sin importar el origen de sus padres,  es a la Oficialía del Estado Civil o a la sede central de la JCE, por esa razón nos negamos rotundamente a que cualquier dominicano de ascendencia haitiana sea obligado a ir a la Cancillería a gestionar sus documentos de identidad.

Por otro lado la JCE ha declarado que los dominicanos beneficiados por la ley 169-14  no están acudiendo a retirar sus documentos a las Oficialías conforme lo establece la ley, en ese sentido para edificación de la población y de las autoridades queremos precisar lo siguiente:

• Desde la aprobación de la ley 169-14 hasta la fecha, y muy especialmente a partir de la publicación de la lista de los 55 mil auditados, los dominicanos de ascendencia haitiana no hemos dejado de acudir a las Oficialías en búsqueda de nuestros documentos, incluso en decenas de ocasiones.
• El personal de la JCE sigue poniendo trabas, no aplica la ley, ni sigue las instrucciones de la Circular 24-215. Persiste la imposición de inconvenientes no previstos en la ley,  incluyendo la exigencia de documentos de parientes no previstos en la ley.
• Los/as destinatarios de la ley 169-14 no reciben atención con prontitud. Muchos casos siguen siendo remitidos desde las Oficialías de las Provincias a la Sede Central, lo que genera gastos en traslado y una inversión de tiempo sin seguridad de entrega, pese a que la ley habla de la entrega expedita.
• Por otro lado ha faltado una campaña informativa, no todos los destinatarios de la ley 169-14 están informados de las supuestas facilidades para la tramitación de sus casos y obtención de documentos.
• Muchas de las personas que ya han recibido sus actas y cédulas no pueden declarar a sus hijo e hijas, con el argumento de que deben esperar de tres a seis meses hasta que sus cédulas estén habilitadas en el sistema del registro civil.
• La JCE continúa haciendo demandas en nulidad de los registros originales de los dominicanos de ascendencia haitiana; la gran mayoría de los afectados/as con esta situación la desconocen, pocos son notificados, no saben qué hacer frente a este tipo de demanda. Para defenderse están obligados a constituir un abogado, lo cual muchas veces no saben, y tampoco tienen recursos para pagar los costes legales.
• Hasta ahora la JCE no ha establecido una estrategia de comunicación efectiva hacia los beneficiarios de la Ley 169-14, que procure interactuar de forma directa con ellos, en el marco de una perspectiva de inclusión social.

Para los dominicanos de ascendencia haitiana recibir la cédula de identidad no significa que sus problemas de documentación y los de sus hijos hayan sido resueltos. Tal es el caso de Juliana Deguis, de quien la propaganda pública ha hecho que la población piense que sus problemas ya fueron solucionados, a pesar de que la JCE a estas alturas mantiene procesos legales en contra de sus derechos civiles, que entre otras cosas le impiden la declaración de sus hijos.

Un tema crítico, que genera gran preocupación en nuestro movimiento social, es la situación que enfrentan miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que tienen registros originales, beneficiarios directos de la Ley 169-14, y que no aparecen en el listado de las 55 mil personas que dio a conocer la JCE.

Estas personas tienen la misma condición de aquellas que aparecen en el listado de la Junta, son dominicanos no solo por el hecho de haber nació aquí cuando la Constitución establecía el jus solis, sino que además fueron debidamente registrados en los libros de registro civil conforme a la Ley 659 del Registro Civil. Son también beneficiarios directos de la Ley 169-14 por lo que no se explica que sus documentos no hayan sido restituidos a la fecha. No se sabe qué  pasará con estas personas, ni por qué la JCE no está reconociendo sus registros civiles, ni por qué no aparecen en la lista de los 55 mil. ¿Qué hará la JCE con ellos, si supuestamente termino su auditoria?

Es por todo lo antes señalado que queremos llamar la atención de las autoridades de los diferentes poderes públicos del país; este es un asunto de derechos humanos que no se puede reducir a un conflicto de ciudadanos con la JCE, concierne al Estado y sus poderes públicos deben procurar la solución a dicho problema velando por el respeto de los derechos civiles y políticos, tal y como lo ordena la Constitución Dominicana.