A un año de promulgada la ley 169-14, el Movimiento Reconocido, la Plataforma Dominicanos por Derecho, la Red Jacques Viau y el Movimiento de Mujeres Dominico haitianas, denuncian que la respuesta gubernamental dada a la crisis generada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional no ha resarcido en ningún aspecto el daño provocado por la negación sistemática del acceso a sus documentos de identidad y la acreditación de la nacionalidad de miles de dominicanos y dominicanas hijos/as de personas migrantes.
Congregados frente al Palacio Nacional, representantes del conjunto de organizaciones entregaron un documento en el que pasan balance a la implementación del régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización planteado en la ley 169-14, promulgada por el poder ejecutivo el 23 de mayo de 2014, que aseguran mantiene en un limbo jurídico a la población afectada, reafirmando el espíritu segregacionista de la sentencia.
Indican que la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, deliberadamente y en franca desobediencia a la ley 169-14, han optado por aplicar los aspectos coincidentes con la sentencia 168-13, boicoteando el cumplimiento de las pocas garantías que benefician a los/as destinatarios/as.
Para el colectivo, la falta de voluntad política se evidencia en los pobres resultados alcanzados y la persistencia de los problemas para acceder a documentos de identidad que impide a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana realizar con normalidad actividades civiles y comerciales aún después después de haber agotado los procesos y cumplido con los requisitos que imponen de forma arbitraria las instituciones a cargo.
Desde la sociedad civil, explican, se respaldó la iniciativa del diálogo y el consenso como un primer paso hacia la búsqueda de una solución dominicana a la problemática , Sin embargo, se quejan de que la pieza legislativa votada por unanimidad por el Congreso Nacional, solo ha servido de cortina de humo para reducir la fuerte presión nacional e internacional que demanda al Estado dominicano actuar en consonancia a lo establecido por la Constitución dominicana y los acuerdos internacionales de los que el país es signatario, con el el cese definitivo de la política desnacionalizadora.
Dentro de los obstáculos de ejecución de la ley 169-14, destacan la negativa de devolver el acceso a documentos por parte de la JCE, inmersa en un proceso de auditoría sin objetivos, costos o procedimientos claros, de la que se han derivado nuevas categorías de registro “regularizado”, “transcrito” y “transcrito y regularizado” sin asidero legal, segregando a la población con el uso del llamado “Libro de Transcripciones”, en el que se encuentran todos los “desnacionalizados” de ascendencia haitiana. 
Llaman la atención sobre el bloqueo de documentos a ciudadanos que a pesar de tener su nueva cédula no figuran en el sistema, lo que implica que miles de dominicanos al dia de hoy están impedidos de ejercer el voto u optar por cargos políticos en representación de sus comunidade en las próximas elecciones de Mayo de 2016.
Con respecto al grupo de dominicanos hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular, nunca inscritos en el Registro Civil, catalogan de fracaso el proceso de registro en el libro de extranjería, que dio inicio régimen de naturalización, caracterizado por las precariedades y la desorganización. De universo de 53 mil personas apenas a unas 8 mil se les permitió inscribirse. Expresan que desde el MIP se generó confusión al no establecer diferencias claras entre el régimen especial planteado por la ley 169-14 y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, dos procesos de naturaleza, objetivos y destinatarios distintos.
Así mismo recogen denuncias sobre discriminación racial hacia dominicanos de ascendencia haitiana y los intentos de expulsión (deportación) por rasgos físicos, ubicación geográfica y color de piel con la realización de operativos por parte de efectivos militares en zonas bateyeras.
Concluyeron que el Estado dominicano no puede continuar evadiendo su responsabilidad de buscar una solución efectiva, digna, humana a la problematica de la desnacionalización, que no debe ser otra que la restitución plena de los derechos y la devolución del acceso a sus documentos de identidad a dominicanos/as ya registrado y propiciar la inscripción en el registro civil de las personas no documentadas, como es deber del Estado.
