Organizaciones condenan las deportaciones masivas y el decreto 668-22
Diecinueve organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana condenaron en una declaración conjunta la campaña de deportaciones masivas que lleva a cabo el gobierno de Luis Abinader, así como el decreto 668-22 que denuncian “habilita la expulsión de miles de personas que viven en bateyes en tierras estatales desde hace décadas”. También firmaron en solidaridad organizaciones de Argentina, Colombia, EEUU, México y Uruguay, así como decenas de individualidades. “Estamos ante una campaña de deportaciones masivas muy peligrosa que puede convertirse en una campaña de limpieza étnica si la sociedad dominicana no muestra reflejos democráticos y le pone un freno al gobierno”, alertaron las organizaciones.
“Además de negarles el derecho a la pensión a los viejos trabajadores cañeros, ahora directamente el gobierno amenaza con aplicar una limpieza étnica a una escala no vista desde 1937. Las personas expulsadas quedarían permanentemente impedidas de regresar a territorio dominicano. Tomando en cuenta que el marco legal vigente ya permite castigar los delitos contra la propiedad y que el decreto 668-22 no aporta nada nuevo en este sentido, se evidencia que es un documento fundamentalmente político, que habilita el desalojo de los bateyes en tierras del Estado y de empresas azucareras privadas”, denuncian.
Recordaron que “actualmente siguen desnacionalizadas alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, producto de la sentencia 168-13, y que miles de personas haitianas que han vivido y trabajado por décadas en el país no cuentan con residencia legal debido a una política deliberada de no regularización migratoria aplicada por los sucesivos gobiernos”. Destacan que tanto ACNUR como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU han llamado a todos los países, no solo al gobierno dominicano, a detener las expulsiones forzadas de personas haitianas hacia Haití, dada la crisis humanitaria existente en ese país, para no incurrir en violaciones a los tratados internacionales sobre derecho al refugio y el asilo. Recuerdan que incluso el gobierno estadounidense, aliado de Abinader, ha pedido que se tomen medidas contra la trata de personas y específicamente para proteger a las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.
Como respuesta a estas críticas internacionales, “(Abinader) amenazó con no solo mantener el actual ritmo de deportaciones sino incrementarlo…. El gobierno de Abinader en los hechos no reconoce la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y específicamente de derecho al refugio”, alertaron.
“Más allá de las críticas que tenemos al rol de la ONU en Haití, especialmente por la ocupación militar de la Minustah entre 2004 y 2017, hoy estamos ante un alarmante escalamiento de la política racista y xenófoba del gobierno dominicano, que incluye el llamado a una intervención militar internacional contra Haití…. El gobierno dominicano ejecuta expulsiones masivas, incluyendo la detención arbitraria de mujeres embarazadas e infantes sin la compañía de sus padres o representantes legales. Está documentada la detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios”, enfatizaron.
“La cacería de personas negras que realiza el gobierno de Abinader es una expresión de terrorismo de Estado contra la comunidad inmigrante y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13. Abinader viene realizando una intensa propaganda en la que califica a la comunidad inmigrante haitiana como una carga económica, a sabiendas de que se trata de una laboriosa comunidad que hace enormes aportes a la economía y la sociedad dominicana. La agricultura, el turismo, la construcción, son algunas de las industrias que descansan sobre la superexplotación de la clase trabajadora de origen haitiano. Las obras de infraestructura que construye este gobierno también cuentan con el aporte de la mano de obra haitiana, incluso el muro fronterizo, que es inútil para frenar las migraciones pero muy útil en términos ideológicos, es construido por trabajadores haitianos. La persecución contra la clase trabajadora inmigrante haitiana sirve para mantenerla en condiciones de extrema precarización y superexplotación, aumentando las ganancias empresariales”, afirman.
Las organizaciones consideran que el reconocimiento de la condición de refugiados de un grupo de personas no amenaza la soberanía de República Dominicana ni la de ningún otro país, y como evidencia colocaron los ejemplos de las migraciones masivas de refugiados venezolanos, sirios y ucranianos que en años recientes han salido de sus países “sin que se haya generado ninguna fusión de países o cesión de territorios. Es inaceptable que la política pública se base en teorías conspirativas racistas e ideologías neotrujillistas”. Llamaron “a todas las organizaciones que se consideren democráticas, antirracistas, feministas y de derechos humanos en el continente americano y el Caribe a repudiar enérgicamente la política estructuralmente racista, cada vez más autoritaria y violatoria de los derechos humanos del gobierno dominicano, especialmente las deportaciones masivas y el decreto 668-22”, para evitar que se imponga el apartheid o la limpieza étnica en la República Dominicana.
Las organizaciones dominicanas firmantes son el Movimiento Reconocido, la Coordinadora Popular Nacional, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST), el Movimiento Caamañista, Izquierda Revolucionaria, el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, la Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM), Agenda Solidaridad, la Red Urbano Popular, el Frente de Lucha Unidad y Progreso (FLUP), la Unión Democrática de Mujeres (UDEMU), Militancia Revolucionaria Socialista, Educación Espejo, Acción Afro-Dominicana, Conexión Intercultural por el Bienestar y la Autonomía La Ceiba, el Foro Feminista Magaly Pineda, el Comité Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH), la Fundación Código Humano y Junta de Prietas.
