Ana Belique
Foto: Lorena Espinosa
El debate en torno al reconocimiento de la nacionalidad de hijos/as de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana ha estado en la palestra pública en las últimas décadas. El caso de las niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico, llevado a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a finales del siglo XX sentó un precedente en materia de derecho a la nacionalidad. Ellas fueron incorporadas al sistema interamericano de los derechos humanos luego de que les negaron el reconocimiento como dominicanas por ser hijas de inmigrantes en condición irregular.
La sentencia de la Corte-IDH en 2005 exigió al Estado dominicano adoptar las medidas necesarias para garantizarles la adquisición a la nacionalidad dominicana, sin importar la situación migratoria de los padres, sin embargo, esta decisión no fue acatada por el Estado dominicano, fue desafiada con una política de desnacionalización, en vez de derogar las normativas y prácticas que limitaban el derecho a la nacionalidad dominicana. Las autoridades robustecieron sus prácticas discriminatorias con nuevas disposiciones y leyes.
En 2004 la nueva ley de Migración 285-04 equipara el tránsito con irregularidad migratoria, condicionando la adquisición de la nacionalidad a la situación migratoria de los padres. Este criterio fue llevado a la nueva constitución dominicana de 2010 y posteriormente a la sentencia 168-13.
Cada 23 de septiembre se recuerda el fallo del Tribunal Constitucional que desnacionalizó de manera retroactiva a más de cuatro generaciones de personas, dejando a más de 200 mil personas afectadas. Once años después de aquel despojo de la nacionalidad dominicana, miles de personas de ascendencia haitiana siguen en situación de apatridia consolidándose un régimen de apartheid. En 2014 se aprobó la Ley 169-14 que mitigó parcialmente los efectos de la sentencia 168-13, solo una pequeña minoría se pudo beneficiar de la restitución de sus documentos. La mayoría de los afectados sigue desnacionalizada y enfrentando obstáculos para obtener sus documentos y acceder a servicios básicos como educación, atención médica o incluso transitar libremente en el país. La ley 169-14 dividió a la población afectada entre dos grupos: el grupo A, quienes ya tenían documentos de identidad, y el grupo B, quienes no contaban con ningún registro. Este segundo grupo se vio obligado a pasar por un proceso de regularización migratoria con la esperanza de naturalizarse, sin embargo 10 años después menos del 1% de los inscritos ha sido favorecido con el decreto de la naturalización y ninguno se ha juramentado.
La falta de documentos de identidad agrava las condiciones de vida de las personas dominicanas de ascendencia haitiana ya que sufren detenciones arbitrarias, extorsión y tratos humillantes por parte de los agentes migratorios. Las mujeres y niños han sido particularmente vulnerables ante estos maltratos. Solo en el 2023 la Dirección General de Migración había reportado que más de 251.000 personas habían sido expulsadas. Estas expulsiones no siguen ningún protocolo de evaluación por lo que se violan los derechos humanos.
Desde el gobierno existe poca voluntad política para promover iniciativas que realmente garanticen el acceso a la nacionalidad y otros derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana como grupo minoritario, no hay esfuerzos reales para poner fin a la política de discriminación y segregación racial. Las autoridades extraen capital político y electoral del odio racial, mientras miles viven en un limbo jurídico, sin derechos políticos, sociales o económicos.
Publicado originalmente por Página 12
