La decisión de la Junta Central Electoral de dejar sin valor la vieja cédula de identidad y electoral no sólo va en perjuicio de más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas que no han cambiado el carnet, sino que agrava la situación de exclusión de una parte considerable de dominicanos y dominicanas, descendientes de inmigrantes indocumentados, nacidos en el país en el último siglo y que poseen documentos de identidad.
Con su abrupta decisión la JCE prosigue la labor de exclusión que inició mediante resoluciones administrativas del 2007, completadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que dejaron como muertos civiles a decenas de miles de personas.
Hasta ahora los afectados habían sido fundamentalmente los jóvenes –de segunda y tercera generación de inmigrantes indocumentados-, que eran los que acudían a las oficialías civiles en busca de actas de nacimiento para fines educativos, para sacar cédula o pasaporte, o para matrimonio y otros actos civiles.
Millares de mayores de edad que habían logrado obtener sus cédulas, en base a las actas de nacimiento que durante décadas se les expedía regularmente hasta el 2005, quedan ahora indocumentados y a merced de las arbitrariedades que siguen predominando en las actuaciones de la JCE, ya que a muchos se les ha negado el cambio de cédulas y otros, por temor, se cuentan entre quienes no han acudido a la renovación.
Es de rigor reiterar la denuncia de que la JCE se burla de la ley 169-14, que dispuso “regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios”, las actas de las personas que habían sido afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional. 
Los informes disponibles indican que apenas unos pocos centenares de los afectados han sido documentados en los ocho meses que va a cumplir la ley 169-14, fruto de un amplio consenso y de una iniciativa del presidente de la República, aprobada a unanimidad y de urgencia por las dos cámaras legislativas.
Este Comité vuelve a demandar de la JCE el cumplimiento de la ley y solicita a los legisladores que hagan valer su facultad por encima de la arbitrariedad. Así mismo reclamamos el fin de toda discrecionalidad en la emisión de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, y en la renovación de los mismos. Se han comprobado casos tan absurdos como el de la señora Nancy Toussaint, inscrita en el registro civil como ciudadana dominicana, con cédula y pasaporte desde hace años, a quien recientemente se le entregó la nueva cédula, pero le siguen negando copia de su acta de nacimiento para renovar su pasaporte.
Aunque los términos de la ley 169-14 desconocían derechos de descendientes de inmigrantes indocumentados que nunca fueron inscritos en el Registro Civil, este comité la aceptó como una transacción en beneficio de los que sí habían sido registrados. Razón adicional para que demandemos su estricto cumplimiento.
Finalmente expresamos nuestra preocupación por el creciente clima de exclusión, intolerancia a la diversidad y persistentes galerías de lo que algunos consideran traidores a la patria, todo lo cual sólo incentiva el odio y el resentimiento, sembradores de divisiones y confrontaciones.
Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas.
