La publicación del informe anual de la CIDH sobre el Desarrollo de los Derechos Humanos en la Región correspondiente al año 2023 ha generado las tradicionales descalificaciones por parte del gobierno del presidente Luis Abinader, así como de senadores y diputados conservadores. El ministro de la Presidencia, Joel Santos respondió afirmando que “República Dominicana no es para nada racista y que “se ha dado siempre receptividad a todos los nacionales de todos los distintos países”. Ante los señalamientos de un racismo histórico, afirmó:“No sé de dónde viene ese comentario. Ellos (la CIDH) son quienes tienen que explicarlo”. Esta afirmación demuestra que el ministro no ha leído el informe, donde se citan todas las fuentes que lo respaldan. Invitamos al ministro a que lea el informe y que lo mismo hagan todos los altos funcionarios responsables de la definición y ejecución de políticas que violan los derechos humanos en la República Dominicana.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, emplazó a la CIDH a que presente un gobierno “que haya hecho el 20%, por lo menos, de lo que ha hecho República Dominicana por Haití”. Desafiamos al senador a que nombre un gobierno de la región que haya desnacionalizado por motivos raciales al 20% de las alrededor de doscientas mil personas desnacionalizadas mediante la sentencia 168-13 y la ley 169-14. No podrá.
¿Qué dice el informe de la CIDH?
El informe de la CIDH recoge denuncias de violaciones a los derechos humanos y las respuestas del gobierno, para evaluar si ha habido o no avances en la materia. El informe tiene serias limitaciones, pues algunos de los supuestos avances que se recogen son propaganda oficial, como la llamada reforma policial. En otros temas hay avances reales pero muy modestos, como la instrucción de la PGR para mejorar atención a personas LGBTI o la aprobación de una ley que reconoce la lengua de señas. Al mismo tiempo, se omiten algunas violaciones a los derechos humanos de gran impacto y relevancia, como la persistencia del trabajo forzoso en la industria azucarera, que afecta principalmente a trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, el no pago de las pensiones de los trabajadores cañeros retirados, o la impunidad otorgada por la Procuraduría General de la República a grupos trujillistas que amenazan a activistas de defensa de los derechos humanos y difunden discursos de odio racial.
Más allá de esas limitaciones, el informe de la CIDH menciona varias políticas violatorias de los derechos humanos, como la insistencia en proyectos para un nuevo Código Penal que mantienen una penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo, incluso en caso de violación o incesto, cuando la vida de la madre está en peligro. También toma nota de que no se incluye en los proyectos de Código Penal discutidos la orientación sexual como categoría protegida ante la discriminación, y la preocupación por el hacinamiento carcelario. La CIDH también constató un uso excesivo de la prisión preventiva y “deplorables condiciones de detención” en las cárceles del país y un alto índice de embarazos y uniones tempranas en niñas y adolescentes. Estas críticas han sido hasta el momento ignoradas por los voceros del gobierno.
La controversia se ha centrado en los señalamientos que tienen que ver con las políticas racistas del gobierno dominicano. La CIDH hace mención en su informe de “desafíos en el ejercicio del derecho a la nacionalidad de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, y la persistencia de un contexto de discriminación estructural en su contra… Asimismo, recibió con preocupación información sobre la expulsión de mujeres haitianas embarazadas, lactantes y sus hijas e hijos desde la República Dominicana.”
El informe menciona que “(la) Dirección General de Migración (DGM) estaría ejecutando operativos de control migratorio en diferentes hospitales del país. Según lo informado, estos operativos estarían afectando de manera desproporcionada a mujeres haitianas o dominicanas de ascendencia haitiana en estado de embarazo. quienes, en su mayoría, son personas afrodescendientes. Además, información difundida públicamente señala que estas acciones también estarían afectando a mujeres haitianas que, a su vez, buscan acceso a la atención médica con o para niñas y niños. Según las denuncias, estas mujeres serían obligadas a abordar transportes de la DGM hacia distintos puntos fronterizos con Haití para su expulsión. A criterio de las organizaciones, estas situaciones se enmarcan en un contexto de discriminación racial histórica que persiste en contra de las personas haitianas en la República Dominicana como consecuencia del legado del racismo, el colonialismo y la esclavización”.
El informe recoge la respuesta del gobierno dominicano a estos señalamientos: “el Estado indicó a la CIDH que no es la práctica del Estado la realización de operativos de control migratorio para deportar mujeres embarazadas y/o personas extranjeras”. Pero el propio gobierno dominicano en las audiencias temáticas de la CIDH en noviembre de 2023 admitió a través de la intervención del embajador Josué Fiallo que había deportado entre 2021 y octubre de 2023 a 69,810 mujeres, de ellas 2,252 mujeres embarazadas. En su gran mayoría se trata de mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Lamentablemente, el informe de la CIDH no menciona estas cifras del gobierno dominicano que echan por tierra sus propios alegatos.
La CIDH también lamentó que se retirara del Congreso el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El gobierno sigue negando el derecho a la nacionalidad
El informe reconoce que un alto número de personas del llamado “grupo A”, que tenían documentos de identidad dominicanos al momento de la sentencia desnacionalizadora 168-13, a quienes debía restituirse la documentación en virtud de la ley 169-14 promulgada hace diez años, aún no la han recuperado. La CIDH señala que “de acuerdo con información de organizaciones de la sociedad civil, más de 34 mil personas no han recuperado sus documentos de identidad dominicanos pese a que en el año 2014 entró en vigor la Ley 169-14, que restituyó la nacionalidad dominicana a las personas identificadas en el artículo 1(a) de dicha ley y ordenó que el trámite sea expedito y sin requerimientos adicionales… indicaron que 799 personas inscritas el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular (PNRE) aun no recibieron documentos que prueben su nacionalidad, pese a haber obtenido el decreto presidencial de naturalización, mientras que 1.000 personas estarían a la espera de dichos decretos. A la vez, la CIDH observó que persisten expresiones de hostilidad contra quienes han criticado la sentencia TC/0168/13 y han defendido el derecho a la nacionalidad de personas dominicanas de ascendencia haitiana; y que se habrían incrementado el racismo y la xenofobia”
Ante estos señalamientos, la respuesta del gobierno plasmada en el propio informe asegura que “en aplicación de la Ley 169-14, se restituyó el estatus jurídico anterior a la sentencia TC/0168/13 y se expidieron documentos de identidad dominicanos a 60.773 personas identificadas por la Junta Central Electoral (JCE). De ellas, solamente 26.123 personas acudieron a retirar dichos documentos, mientras que las restantes 34.610 personas no se habían presentado. Además, se identificaron a 7.159 personas aprobadas a registrarse en el PNRE para que, luego de dos años, soliciten la naturalización. Según lo informado, luego de depurar expedientes, se emitieron decretos presidenciales 262- 20 y 297-21 que otorgaron la naturalización a 799 personas. En el marco de este procedimiento, el Estado estaría en proceso de reapertura de la oficina que entrega dichos documentos para garantizar la estancia regular de estas personas en el país”.
Estas afirmaciones del gobierno falsean la realidad e intentan culpar a las personas en situación de apatridia de su propia situación de marginación, discriminación y opresión estructural y sistemática. Es una nueva evidencia de la política racista del gobierno. Al gobierno le preguntamos: ¿por qué no ha reabierto en tantos años la oficina para la renovación de los documentos del llamado “grupo B” y aún cuando anuncia que la reabrirá no indica en qué plazo lo hará? ¿Qué esfuerzos ha hecho el gobierno para notificar a más de 34 mil personas del llamado “grupo A” que sus documentos descansan en las oficinas de la Junta Central Electoral? ¿Por qué apenas una décima parte de las personas del llamado “grupo B” que se acogieron al PNRE recibieron la naturalización por decreto y por qué el gobierno se niega a entregarles sus documentos? Y la más importante de todas las preguntas: ¿Qué tiene previsto hacer el gobierno para restituir la nacionalidad a la mayoría de las personas afectadas por la desnacionalización de la sentencia 168-13 y la ley 169-14 que no están ni en el llamado “grupo A” ni entre las 799 personas de los decretos de naturalización? Seguiremos planteando estas preguntas en todas las instancias nacionales e internacionales y exigiendo un cambio a la política del gobierno.
El gobierno debe abandonar el victimismo y sus ataques infundados a la CIDH y a las organizaciones sociales que han documentado las graves violaciones a los derechos humanos reflejadas en el informe referido al año pasado. Llamamos al gobierno a dialogar con madurez y responsabilidad con las organizaciones sociales y a responder a los cuestionamientos legítimos que hacemos, en vez de manipular a la opinión pública pretendiendo presentar las críticas fundamentadas a políticas de Estado como supuestos ataques al país.
Este llamado de atención internacional es una oportunidad para cambiar de rumbo y abandonar las políticas de discriminación racial como los discursos que estigmatizan a las mujeres embarazadas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, culpándolas de las consecuencias de la desinversión en la salud pública. Deben cesar las acciones ilegales de la DGM como las detenciones y expulsiones de mujeres embarazadas, la detención de niños y niñas no acompañados con fines de deportación, y la detención arbitraria de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. El gobierno debe cesar la retención de las pensiones a trabajadores cañeros y liberar trabajador dominicano de ascendencia haitiana Miti Senvil, víctima de un montaje judicial racista. Nunca más debe usarse la deportación arbitraria ante conflictos laborales, como ocurrió en el Consorcio Azucarero Central en el mes de mayo. El gobierno debe volver al marco de la legalidad. Sobre todo es hora de que el gobierno adopte un plan de “Apatridia cero” para devolver sus documentos a todas las personas del “grupo A”, hacer efectiva la naturalización de todas las personas del “grupo B”, y restituir la nacionalidad también a todas las personas que nacieron en el país antes del año 2010, que se encuentran en situación de apatridia y que no están contempladas en ninguna de esas dos vías para la recuperación de su nacionalidad
