Incertidumbre y violaciones a los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana

Por: Elena Lorac, Co-coordinadora Movimiento Reconocido

En septiembre de 2013 yo había logrado ingresar a la universidad; sin embargo, necesitaba la cédula de identidad que me permitiera efectivamente poder estudiar. El lunes 23 de septiembre de 2013, en la tarde, en las instalaciones del Centro Montalvo, recibimos la noticia del fallo de la sentencia 168-13, en contra de Juliana Deguis la cual desnacionalizaba a más de 200,000 personas.

Yo necesitaba que ese fallo fuera a nuestro favor para poder ir al día siguiente a buscar mis documentos de identidad y estar de manera regular en el plantel universitario, pero no fue así. Aquella fue una tarde muy triste, y el inicio de un camino que cumple ya 11 años. 

Al escuchar lo que debatían la abogada y las personas que conocían más de la ley, no lograba entender lo que había hecho el Tribunal. En mi mente no podía imaginar cuán difícil sería. La prensa hizo eco de esa noticia. Nos preguntamos: ¿por qué tanta injusticia, racismo, discriminación, segregación en contra de una población que solo quiere salir adelante? Nos llaman extranjeros y extranjeras, pero hemos nacido aquí. ¿Por qué tantas mentiras y doble moral? En ese momento se exacerbaron los discursos de odio, aunque también hubo quienes defendían nuestros derechos. Un día como hoy me sentí como el septiembre del año 2023, con aquellas hileras de tanques de guerra y camionetas blindadas que van en contra de un pueblo que solo necesita agua: el agua es vida, al igual que la documentación lo es para quien no la tiene.

Solo recuerdo que decían: “¿Cómo va a ser que desnacionalicen a todos estos jóvenes?”. Luego, en la siguiente noticia, vi que salió una persona con un carné de regularización, y me imaginaba: “Si me tratan como extranjera, ¿a dónde iría yo?”. ¿A qué país me dirigiría? No tengo vínculos con Haití. Pensé en las personas dominicanas que se van al extranjero, y tienen hijos e hijas allá, pero regresan y tienen casas, o sus hijos conocen bien el idioma. Sin embargo, yo apenas podía hablar creole, mis padres ya no recuerdan el lugar donde nacieron.

El 23 de septiembre de 2013 para mí fue un momento crucial, al igual que para cada dominacana y dominicano de ascendencia haitiana, se derrumbó la poca esperanza que teníamos. Recuerdo que muchas personas que nos acompañaron en ese tiempo nos decían: “Tranquila, esto va a pasar. Tranquila, habrá una solución”. Pero, en realidad, nunca pensé que hoy estaría hablando de más de una década de la cruel sentencia del Tribunal Constitucional, un órgano cuya función principal es velar por los derechos humanos de las personas, pero que,  violenta sus propias normativas para validar todo un sistema opresor de estigmatización y racismo sistémico que ha prevalecido en la historia, y que nos impactaa las personas dominicanas de ascendencia haitiana por ser negras y descendientes de una nación de trascendencia histórica en la lucha contra la esclavitud.

Hoy se cumplen11 años de esta terrible sentencia, que vino a validar todas las prácticas administrativas de la Junta Central Electoral, violadoras de los derechos humanos de las personas nacidas en territorio dominicano bajo el amparo constitucional del jus soli(derecho de suelo), que ha sido reformulada para instaurar este sistema negacionista de los derechos a la nacionalidad dominicana de los hijos e hijas de padres extranjeros, especialmente de personas haitianas que vinieron y contribuyeron con esta nación.

Hoy quisiera estar hablando de bienestar, de avance. Hoy quisiera que, en vez de estar hablando de las realidades que vivimos y sufrimos la población dominicana de ascendencia haitiana en nuestro país, estuviéramos hablando sobre desarrollo económico, sobre la aceptación o premiación de un dominicano de ascendencia haitiana graduado en Harvard, o presentando ideas de negocios. 

Hoy, tras 11 años, deberíamos estar hablando de lo que fue y cómo hemos avanzado. Pero no es así. En vez de avanzar en materia de derechos humanos, en un estado de derecho y democrático, estamos en una era de retroceso, mientras se habla de un gobierno de cambio. ¿Pero un cambio para qué? ¿Para empeorar las realidades que enfrenta la población negra dominicana de ascendencia haitiana? ¿Para seguir cortándoles las alas a miles de jóvenes que sueñan con estudiar, ir a la universidad, trabajar, poder inscribir a sus hijos e hijas en el registro público, casarse, o algo tan simple como comprar un chip para un teléfono celular?.No debería ser imposible que madres y padres den un nombre a sus hijos e hijas, que jóvenes deportistas tengan la oportunidad de ser firmados y representar a nuestro país en tierras extranjeras y otras personas jóvenes cumplan sus sueños de ejercer la medicina, el derecho, o crear una empresa para contribuir a nuestra economía y nación.

Lamentablemente, no lo pueden hacer porque este mismo Estado, que debería ser garante de derechos y promotor de un cambio, actúa al revés, desde el retroceso, desde la ilegalidad, desde las detenciones y expulsiones arbitrarias de jóvenes que nacieron en territorio nacional. Desde la discriminación, la inequidad y la desigualdad que han imperado durante estos años de lucha y resistencia.

Hoy hago un llamado al Estado dominicano, a través de su Gobierno, a que vuelva a la legalidad para que la apatridia no sea un tema de discusión en pleno siglo XXI en nuestra República Dominicana. Que los jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana, que hemos estado durante décadas esperando una solución real y efectiva a nuestros derechos fundamentales secuestrados, podamos gozar de los mismos derechos que el resto de la población. El Estado dominicano tiene la oportunidad de cumplir con su obligación de reparación, que no solo restablezca la nacionalidad a través de una cédula de identidad, sino también desde la justicia y, sobre todo, desde las bases de nuestros derechos humanos.

¡Basta de apatridia! ¡Basta de expulsión de las personas dominicanas de ascendencia haitiana! 

¡Basta ya de racismo!