Como movimiento en lucha contra la desnacionalización racista que sigue afectando a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, a diez años de la sentencia inconstitucional 168-13, expresamos nuestro malestar por la elección del Estado dominicano como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La elección del Estado dominicano, responsable de generar la mayor comunidad en situación de apatridia en el hemisferio occidental, demuestra nuevamente la falta de compromiso de los gobiernos del mundo con la grave situación de racismo institucionalizado que sufrimos a manos de un Estado que nos niega todos nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Esta situación se ha agravado en el marco de una campaña de deportaciones masivas contra inmigrantes haitianos, que ha implicado la detención arbitraria, extorsionando y en algunos la expulsión de personas dominicanas en situación de apatridia.
Lamentablemente esta elección ya está siendo presentada por el gobierno dominicano como un éxito diplomático y un respaldo internacional a su política agresiva y racista contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Debemos recordar que el gobierno dominicano encabezado por el presidente Luis Abinader ha hecho caso omiso a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien en el año 2021 solicitó al gobierno dominicano cesar las deportaciones masivas y las políticas que incrementan la discriminación racial en el país. Ante esta recomendación, basada en convenios y pactos de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano, la respuesta del presidente de la República fue que las deportaciones masivas no solo continuarían sino que se incrementarían, como en efecto ocurrió. Otros llamados similares por parte de funcionarios de la ONU han sido respondidos de la misma forma.
Estas deportaciones masivas, como se ha documentado ampliamente, no solo afectan a personas inmigrantes haitianas sino también a personas dominicanas de ascendencia haitiana y a personas dominicanas negras sin ascendencia haitiana conocida, como en el caso de la señora Cristina Martínez, quien fue detenida arbitrariamente en a fines de septiembre en San Cristóbal, y estuvo desaparecida por tres semanas como consecuencia de una detención arbitraria basada en el perfilamiento racial. Finalmente, luego de una campaña de denuncia por parte de su familia, activistas y periodistas, apareció en una localidad cercana al cruce fronterizo de Elías Piña.
El Estado dominicano, si tuviera interés en mostrar un mínimo compromiso con el respeto y la garantía de los derechos humanos, podría emprender acciones inmediatas para garantizar el derecho a la nacionalidad y el fin de la apatridia, el derecho a la pensión de los trabajadores cañeros y el fin del trabajo forzoso en la industria azucarera. De igual forma, podría constituir una comisión de la verdad para investigar, establecer responsabilidades y resarcir a las víctimas y sus descendientes de la represión durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, incluyendo la masacre racista de El Perejil de 1937, y crímenes de lesa humanidad del período considerado democrático como la masacre de abril de 1984, y desapariciones forzosas como la del profesor Narciso González.
Otra demostración de rectificación sería que el gobierno cese los discursos negacionistas, como el realizado por el Canciller Roberto Álvarez el mes pasado ante el Senado, cuando afirmó que no había existido ni la esclavitud ni las políticas racistas en este territorio.
Lamentablemente, el desprecio por los instrumentos legales internacionales en materia de derechos humanos que el propio Estado dominicano ha firmado se ve fortalecido por la impunidad, al constatarse que el costo político a nivel diplomático es escaso con la elección del Estado dominicano en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso dificulta una rectificación por parte del Estado. Por ello hacemos el llamado a los gobiernos del mundo, especialmente a los demás integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a que emplacen al gobierno dominicano a cesar en sus violaciones de los derechos humanos, a respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y la propia legislación nacional, y restituir la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia racista 168-13, para garantizar el final de la apatridia y el racismo institucionalizado en la República Dominicana.
