Este Luness 30 de noviembre del 2015 está previsto que se cierre la entrega de documentos del Plan Nacional de Regularización en las gobernaciones provinciales, y que a partir de esta fecha los solicitantes tengan que ir a Santo Domingo a buscar o a consultar si ya está disponible su solicitud. Esto es tanto para los migrantes que se acogieron al plan así como para los dominicanos, de origen haitiano especialmente, que se vieron obligados a acogerse al proceso de regularización que les permitiría optar por la naturalización dentro de dos años.

Se agudiza aún más la situación de vulnerabilidad que padecen los dominicanos de origen haitiano, quienes no estaban inscritos en el registro civil. A la fecha solo una fracción de ese segmento poblacional tiene acceso al documento (carnet de residencia) que les entrega el Ministerio de Interior y Policía. Vale decir, además, que dicho documento no les sirve sino para no ser detenidos o deportados por las autoridades de migración.

No podemos entender cómo es que el Ministerio de Interior y Policía pretende obligar a la gente a tener que trasladarse hasta la capital, desde cualquier punto del país, para buscar su carnet; cuando el problema ha sido por la incapacidad de ese organismo a hacer efectivo la entrega de documentaciones a los solicitantes.

Pero también resulta inconcebible que esto suceda cuando durante todo el proceso hay unidades, como el de La Romana, donde sólo llegó un paquete de documentos y jamás han vuelto a enviar más. Así es que los solicitantes, que no fueron afortunados de que sus documento llegarán en el primer y único paquete y que se mantuvieron desde entonces yendo cada semana para recibir la cada vez más dolorosa respuesta de que su solicitud aun no estaba lista, tendrán que acudir a la cede central del Ministerio de Interior y Policía.

Hay que destacar por igual, el hecho de que personal del Ministerio de Interior y Policía se mantenían llamando a ciudadanos para avisarles de que supuestamente su solicitud ya estaba lista, pero que al momento de que las personas se acercaban a las oficinas del de las gobernaciones provinciales no era así, lo cual causaba mayor nivel de desesperación en las personas.

Ahora cabe preguntar al Ministerio de Interior y Policía; qué hará con un centenar de personas que no han recibido respuestas hasta ahora que se cierran las oficinas provinciales. Indudablemente que quedan expuestas a graves riesgos, incluso el de quedarse sin documentos debido a las dificultades y trabas que se les ha presentado en las distintas oficinas. Y si se suma esta de tener que ir a la Capital tomando en cuenta el costo que esto supone para ellos, tanto en lo económico como en esfuerzos innecesarios que se pudieran evitar si las autoridades hubieran cumplido con sus obligaciones.

No querríamos pensar que eso fue fríamente calculado y premeditado, porque de ser así podríamos también imaginar que las maquinaciones de las autoridades que llevaron esto hasta ahí, pudieran ser hasta mayores aún. De modo que recomendamos a las autoridades tomar medidas que eviten complicar el acceso de las personas a sus documentos de identidad. Animamos de la misma manera a agilizar las solicitudes que no han sido trabajadas.