La CIDH hace un llamado a los Estados a erradicar los discursos estigmatizantes hacia las mujeres afrodescendientes.
En el Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la CIDH hace un llamado a los Estados a erradicar los discursos estigmatizantes hacia las mujeres afrodescendientes. La Comisión Interamericana insta a los Estados de la región a adoptar medidas concretas para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los insultos raciales abusivos y discursos de odio, los actos y manifestaciones de carácter racista y discriminatorio hacia este grupo.
La Comisión ha observado con preocupación que, en el hemisferio, aún hoy persisten diversas formas de discriminación y de violencia étnico-racial agravadas hacia las mujeres. En particular, la CIDH observa la amplia y preocupante diseminación de discursos estigmatizantes que generan la objetificación, sexualización e inferiorización de las mujeres afrodescendientes como resultado de procesos históricos de esclavitud, colonialismo, explotación y exclusión social de este grupo. Estas prácticas se traducen en el incremento de casos de violencia física, psicológica, sexual e institucional hacia las mismas.
En este sentido, los Estados deben adoptar acciones que fomenten la capacitación de sus funcionarios, la sensibilización de la sociedad civil y la promoción de los derechos de las mujeres afrodescendientes. Los programas y políticas públicas para ese objetivo deben contar con la participación de las mujeres afrodescendientes en su diseño, ejecución y monitoreo, considerando la necesidad que tengan un rol activo en el combate a la discriminación y misoginia que les afecta.
“Los Estados de la región deben asegurar que las mujeres afrodescendientes sean parte activa en el desarrollo de leyes y medidas de combate al racismo y sexismo en la región. Dichas acciones deben estar direccionadas no solo hacia actores privados, pero a todos los representantes públicos, electos o no, así como los medios de comunicación”, afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial.
Asimismo, la CIDH destaca que las autoridades públicas juegan un rol destacado en la formación de percepciones sociales. Al respecto, la CIDH ha señalado en reiteradas oportunidades que los funcionarios públicos deben adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia por razones discriminatorias, lo cual se requiere su involucramiento activo contundente en la adopción de medidas para la efectividad de los principios de igualdad y no discriminación, hacia la eliminación de todas las formas residuales y nuevas formas de discriminación con vistas a la construcción de un clima de tolerancia y respeto, y que se abstengan de realizar declaraciones discriminatorias que expongan grupos en situación de vulnerabilidad a un mayor riesgo de actos de violencia.
Al respecto, la Presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño recordó que “las personas que ocupan posiciones de liderazgo en los países de la región tienen especial responsabilidad en la construcción de un discurso de paz y convivencia social, en la busca de una sociedad igualitaria e inclusiva, que rechace todas las formas de discriminación racial”.
Finalmente, la Comisión hace un llamado a todos los Estados de la región para que adopten sin dilación las medidas necesarias para ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, como manifestación de su compromiso de combatir la discriminación y toda forma de intolerancia en el hemisferio.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
