Por: Ana Belique
La llegada al poder del presidente Abinader estuvo rodeada de ilusiones para mucha gente que creyó que se iniciaba un cambio para el país, como fue su consigna de campaña. Cambió el partido en el gobierno y llegaron a altos cargos en el Estado algunas personas con vínculos profesionales o académicos con la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, la realidad demostró rápidamente que el nuevo gobierno continuaría por el camino de la desigualdad social, el clientelismo y la corrupción, la brutalidad policial, y especialmente una política hostil hacia las personas dominicanas de ascendencia haitiana, la comunidad inmigrante haitiana e incluso contra Haití como país. El gobierno del presidente Luis Abinader, con sus discursos, sus acciones y omisiones, se ha convertido en uno de los gobiernos que ha tratado con más hostilidad al pueblo haitiano y a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, después de las dictaduras de Trujillo y Balaguer.
La presencia de personas como Roberto Álvarez, Juan Bolívar Díaz o Bartolomé Pujals en altos cargos gubernamentales o diplomáticos, que en algún momento acompañaron o se solidarizaron con luchas como la que hemos librado contra la apatridia y la desnacionalización, no se tradujo en que se tomaran medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Al contrario, en estos dos años se han afianzado políticas guiadas por lo más bajo del ultraconservadurismo y del antihaitianismo, como negar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo incluso si peligra su vida, negar el derecho del pueblo dominicano a vivir libre de discriminaciones por orientación sexual o de carácter racista, negar el derecho a sus pensiones a los trabajadores cañeros, seguir negando la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13, e incluso realizar detenciones arbitrarias de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los operativos migratorios y la detención en hospitales y sus alrededores de mujeres embarazadas haitianas.
El presidente Abinader se ha referido a la crisis que atraviesa Haití como una amenaza a la soberanía y la seguridad nacional de República Dominicana, exigiendo repetidas veces ante foros internacionales como la OEA y la ONU que Haití sea intervenido militarmente. Esto es muy grave, sobre todo tomando en cuenta la historia de nuestro propio país, que sufrió en 1965 una invasión militar bajo el paraguas de la OEA. Al leer la prensa nacional y escuchar las declaraciones del presidente, da la impresión de que se estuviera preparando al pueblo para declararle la guerra a Haití. Los problemas económicos, políticos y sociales que atraviesa Haití ciertamente son de extrema gravedad y merecen la mayor solidaridad de todos los pueblos y gobiernos del mundo. Lamentablemente, el gobierno de Abinader, al negarle al pueblo haitiano su derecho a la autodeterminación y exigir una nueva invasión, pasa por alto que fue la ocupación militar de la MINUSTAH entre 2004 y 2017 una de las principales causas de la actual crisis. El propio gobierno de Abinader está previendo que una invasión empeorará la situación del pueblo haitiano cuando anuncia que cerrará la frontera y negará el derecho de refugio y asilo de manera absoluta a las personas haitianas si la invasión se lleva a cabo.
Por otra parte, ese extraño interés de Abinader por presentar los problemas internos de Haití como si estuvieran aconteciendo en el territorio dominicano solo se puede entender a la luz del uso del tema haitiano como distracción de los propios problemas económicos y sociales que padece el pueblo dominicano. También existe el cálculo político de que un manejo agresivo del tema haitiano puede dar resultados electorales con miras a la reelección, pero ¿a qué costo?
Ni siquiera nos hemos recuperado de las destrucciones que dejó el huracán Fiona, aún hay familias sin techo, sin energía y sin agua, hace falta comida, escuelas y hospitales en muchos de nuestros pueblos y ciudades. Al mismo tiempo, aprovechando el clima de temor creado por el gobierno mismo, el presidente anunció que ha hecho las mayores compras de equipos militares desde 1961, o sea desde la época de Trujillo, y exhibió algunos de estos equipos en la frontera, todo para hacer frente a una inexistente amenaza haitiana.
Además de negar el derecho al refugio y al asilo, el gobierno de Abinader coloca obstáculos a la regularización de la situación migratoria a miles de personas haitianas que tienen muchos años viviendo y trabajando en la República Dominicana, aportando a su desarrollo económico, social y cultural. Tanto los inmigrantes venezolanos, beneficiados por un programa de regularización específico por parte de este gobierno, como los inmigrantes haitianos recientes, son en la mayoría de los casos forzados a salir de su país debido a la terrible crisis de sus respectivos países, incluyendo el deterioro económico y la alta criminalidad. Las razones que justifican la regularización de unos son válidas para la regularización de los otros, de no ser por las tradicionales discriminaciones racistas por parte del gobierno.
El presidente Abinader además mantiene congelada la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13, situación que muy bien conoce, pues sobre el particular dijo en 2013 que se trataba de una decisión “injusta” y “poco civilizada”,que le quitaba “el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos”. El presidente Abinader haría bien en recordar esas palabras y concentrar sus esfuerzos en resolver los problemas internos que nos afectan a los dominicanos, a los inmigrantes que residen aquí y a las personas dominicanas descendientes de inmigrantes haitianos, condenadas a la apatridia y a la exclusión, en vez de distraer a la opinión pública con una supuesta amenaza proveniente de Haití. Por ejemplo, desde hace dos años se habla del peligro de una incursión de bandas haitianas y esto sencillamente nunca ha ocurrido.
Las personas comprometidas con la libertad y la justicia debemos rechazar una nueva invasión contra Haití. La ocupación militar de la MINUSTAH entre 2004 y 2017 generó la actual crisis y el actual régimen vaciado de legitimidad y repudiado por el pueblo haitiano. Además, dejó miles de muertos por la represión y por la introducción de una epidemia de cólera, que también trajo la muerte a cientos de dominicanos. El gobierno dominicano debe respetar los tratados y convenios internacionales que ha firmado en materia de derecho al asilo y al refugio, y si no los considera válidos debe entonces plantear ante el Congreso el retiro de su firma de todos esos documentos internacionales, para decirle de manera clara al resto del mundo que el régimen dominicano pasa a ser uno de los pocos que no reconoce que el asilo y el refugio son derechos humanos. Decisión que no le ayudará mucho en la candidatura que impulsa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La verdadera amenaza a los derechos del pueblo dominicano no viene de Haití. La tenemos aquí mismo entre nosotros, la amenaza viene de las políticas del gobierno y las campañas de sectores antidemocráticos que promueven e imponen la discriminación, la exclusión y la miseria, que niegan nuestros derechos democráticos más elementales, que nos mantienen sin derechos laborales, sin igualdad efectiva ante la ley, que permanentemente difunden discursos de odio racista que se traducen en violencia, que pretenden construir un régimen de apartheid. Detener el antihaitianismo gubernamental, la discriminación y el odio racista, es luchar por un futuro en el que todas las personas dominicanas podamos gozar de igualdad de derechos, libertades y dignidad.
