El lunes 23 de septiembre, al cumplirse once años de la sentencia 168-13, activistas del Movimiento Reconocido se concentraron frente al Palacio Nacional en Santo Domingo para exigir al gobierno poner fin a la desnacionalización, la discriminación racial y el apartheid. “Como consecuencia de la sentencia fueron privadas de la nacionalidad más de doscientas mil personas en base a un criterio racial, simplemente por ser hijos y nietos de personas inmigrantes haitianas, lo que devino en la consolidación de un régimen de apartheid en la República Dominicana”, denunció la organización de defensa de los derechos humanos a través de una declaración, leída en la manifestación.

  “Aunque la Ley 169-14 restituyó la nacionalidad a las personas del denominado Grupo A, aquellas que contaban con un registro civil, también ratificó la desnacionalización de la mayoría que carecía de dicho registro, creando una vía de naturalización especial para los dominicanos de ascendencia haitiana, clasificados en el Grupo B. Sin embargo, en la práctica, este proceso ha sido obstaculizado por las autoridades. Hasta la fecha, solo el 1% de las personas del Grupo B ha sido beneficiado por el decreto de naturalización, y esas pocas aún están a la espera de su juramentación. Incluso de las 799 personas que han recibido decretos, ninguna ha recibido su documentación definitiva. En cuanto al Grupo A, menos del 50% ha logrado acceder a sus documentos, según el informe más reciente de Participación Ciudadana sobre la implementación de la Ley 169-14”. alertaron.

Bajo el lema “todos los derechos para todas y todos los dominicanos”, el Movimiento Reconocido realiza una campaña durante el mes de septiembre por la restitución plena de los derechos sociales, económicos y políticos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13 y la ley 169-14.

“Al cabo de once años, siete de ellos transcurridos durante los gobiernos del PLD y cuatro con el gobierno del PRM, la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana ha empeorado. A la exclusión y marginación de este sistema de segregación y discriminación racial oficial se suman las detenciones arbitrarias, la extorsión, el robo, los tratos humillantes y los allanamientos ilegales por parte de agentes policiales, militares y migratorios. Esta cacería humana desatada por el gobierno nacional viola el principio de presunción de inocencia, al establecer que toda persona negra es sospechosa de ser extranjera y de hallarse en situación migratoria irregular. La Dirección General de Migración ha detenido a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana en los últimos cuatro años con fines de deportación, pese a que no existe en la legislación dominicana la pena de destierro, en otros tiempos aplicada por las dictaduras de Trujillo y Balaguer”, constató la organización, la cual ha sido objeto de medidas de protección por parte de la CIDH debido a la persecución sufrida en el país.

En la declaración, el Movimiento Reconocido exhorta al presidente Abinader y demás voceros gubernamentales a detener los discursos de odio que culpan a las mujeres y los niños inmigrantes una supuesta sobrecarga de la salud y la educación pública, incitando a funcionarios en las escuelas y hospitales a discriminar a las mujeres e infantes tanto inmigrantes como dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. “Exigimos el pleno respeto al derecho a la salud y la educación y que cese la agitación racista del gobierno que busca culpar a las personas negras de una situación de desinversión estatal. Sobre todo, exigimos que cesen las detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres e infantes dominicanos de ascendencia haitiana, incluyendo las detenciones en los alrededores de los hospitales y las escuelas”, demandaron.

A juicio del Movimiento Reconocido, “condicionar la nacionalidad a un criterio racial es incompatible con un Estado de derecho y un régimen con mínimas garantías democráticas. Por eso la defensa de nuestro derecho a la nacionalidad y la lucha contra la apatridia forman parte de la defensa de los derechos y libertades democráticas en la República Dominicana”.

La organización tomó nota de la contradicción de la que es presa el gobierno dominicano cuando condena la desnacionalización de los presos políticos nicaragüenses desterrado a Guatemala mientras sostiene la desnacionalización de miles de dominicanos en el país y destierra a Haití a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana.

Destacaron que la comunidad dominicana de ascendencia haitiana aporta al desarrollo económico, social y cultural del país. “La dominicanidad es diversa pero la discriminación racial cierra puertas y pone obstáculos al desarrollo no solo de nuestra comunidad, condenada a la marginación y la superexplotación, sino también del conjunto del país. Un país con apartheid, con instituciones antidemocráticas e inspiradas en la dictadura trujillista, no es el país en el que merecemos vivir todas y todos los dominicanos”, enfatizaron.

Los activistas llamaron a las organizaciones sociales y políticas que a nivel nacional e internacional luchan contra la apatridia y el apartheid a solidarizarse con la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.

Concluyeron exigiendo la restitución plena de la nacionalidad a todas las personas desnacionalizadas nacidas entre 1929 y 2010, y que se ponga fin al estado de excepción de hecho imperante en el país, en cuyo marco se realizan miles de allanamientos sin orden judicial como parte de una campaña ilegal de deportaciones masivas, violando los derechos humanos de miles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. También demandaron la inmediata entrega de la documentación a todas las personas del llamado grupo A cuyos papeles continúan retenidos por la JCE, la naturalización especial inmediata de todas las personas que se acogieron a la ley 169-14 del llamado grupo B, la reapertura de las oficinas del Ministerio de Interior y Policía creadas para dar seguimiento a la aplicación de la ley 169-14, y establecer mecanismos para la restitución de la nacionalidad de las personas dominicanas que no aplicaron al PNRE y que por lo tanto no están en el grupo A ni en el grupo B. Finalmente, exigieron castigo ejemplar a los agentes migratorios, policías y militares responsables de crímenes perpetrados en el marco de la campaña de deportaciones masivas, llamando especialmente a la Procuraduría General de la República a cesar su inacción cómplice con las violaciones a los derechos humanos.