El gobierno dominicano y los DDHH: ¿Luz en la calle y oscuridad en la casa?
El gobierno dominicano se postula para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2024-2026, alegando promover valores democráticos y los derechos humanos que están consagrados en la constitución y los tratados internacionales. Ante la presentación de la candidatura, el canciller Roberto Álvarez afirmó que trabaja para lograr este puesto como parte del eje número tres de la política exterior, que es promover los derechos humanos. También dijo que el país estaba comprometido a seguir avanzando en la igualdad de género, así como contra el trabajo y el matrimonio infantil, abogar por la libertad de expresión, la participación social y la no impunidad. Además de apoyar la Independencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y fortalecer la implementación nacional de las obligaciones de los derechos humanos.
Dichas promesas y declaraciones parecerían favorecer a los sectores más vulnerables. Sin embargo, el país atraviesa una terrible situación de violación de los derechos humanos, que afecta sobre todo a las personas dominicanas de ascendencia haitiana y las personas inmigrantes haitianas, lo que derriba los argumentos del gobierno.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha informado de casos de migrantes haitianos y sus hijos, así como de dominicanos de ascendencia haitiana, que han sido detenidos y deportados porque las autoridades no les permitieron recuperar los documentos de identidad de sus residencias. También hubo informes de deportaciones de niños no acompañados y de mujeres que dejaron a sus hijos atrás, incluyendo la denuncia por parte de UNICEF de la expulsión de 1,800 niños no acompañados durante el año 2022. La OIM brindó capacitaciones a los funcionarios de la DGM para disminuir la cantidad de deportaciones ilegales y violatorias de los derechos humanos, pero desde julio de 2021, con la política de deportaciones masivas, estas deportaciones ilegales y violatorias de los derechos humanos aumentaron.
Entre las más de cien mil deportaciones que se suman este año, han sido comunes la extorsión, el maltrato, el hacinamiento, la falta de funcionarios que hablen creole y puedan comunicarse efectivamente con las personas detenidas, los alimentos en mal estado, la retención de bienes personas como teléfonos celulares o su robo por parte de los efectivos policiales, militares y migratorios. En algunos casos incluso ha habido asesinatos de personas inmigrantes durante allanamientos ilegales de viviendas, efectuados sin orden judicial por parte de la DGM, o durante las detenciones. Todas estas violaciones de los derechos humanos se llevan a cabo con impunidad.
A nueve años de la sentencia inconstitucional y racista 168-13, las personas dominicanas de ascendencia haitiana siguen siendo discriminadas y miles de ellas siguen sin poder recuperar su ciudadanía, lo cual significa que existe una especie de apartheid en el que hay personas dominicanas que no tienen derechos políticos, no pueden votar ni ser elegidos, no pueden tener propiedades a su nombre, no pueden tener un empleo formal o estudiar en la universidad. ¿Y así dicen ser promotores de los derechos humanos?
El Estado dominicano ni siquiera firmó el pacto sobre migrantes de la ONU, por la presión de grupos de extrema derecha que tienen mucha influencia en el gobierno actual, como en el anterior. Cuando ACNUR y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU pidieron al gobierno detener la violación de derechos humanos y la incitación a la xenofobia y el odio racial, el propio presidente Abinader respondió calificando estos llamados a la sensatez como “irresponsables” y dijo que las deportaciones masivas más bien se acelerarían mucho más. ¿Eso es apoyar las labores del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU?
La única conclusión a la que pueden llegar las víctimas de las violaciones de derechos humanos de este gobierno es que el Estado dominicano debe dar pasos reales para eliminar la apatridia, detener los abusos masivos de derechos humanos contra las personas inmigrantes haitianas, garantizar la igualdad de derechos y eliminar la discriminación racista de Estado con elementos de apartheid, antes de postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
