La plataforma Dominican@s por Derecho hace valer aquí, delante de todos ustedes, compañeros y compañeras, que las medidas adoptadas por el Estado han sido insuficientes e incapaces de dar solución duradera a la problemática de la apatridia que desató hace ya 4 años la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional.
Como todos sabemos, a raíz de la sentencia, 133,770 dominicanos y dominicanas fueron desnacionalizados, quedando en un limbo jurídico que ha lastrado su vida. El gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina promulgó una ley, la 169-14, con la que pretendía enmendar los gravísimos efectos de la decisión del Tribunal Constitucional. Tres años después, con tristeza, tenemos que decir alto y claro que esa intentona de solución ha fracasado y no ha sido todo lo efectiva que se esperaba para la restitución del derecho a la nacionalidad de las personas con las que trabajamos día a día y que siguen viendo cómo sus vidas continúan suspendidas y sus derechos fundamentales vulnerados sin que las instituciones competentes asuman responsabilidades.
No ha habido soluciones efectivas para las personas tipificadas en la ley como grupo A, a quienes, según el gobierno se les debería haber restituido sus documentos de manera inmediata. Sin embargo, tres años después de la ley 169, miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana permanecen en jaque, apátridas en su propia tierra. Unas 53,827 personas fueron auditadas por la Junta Central Electoral para, supuestamente, liberar sus actas de nacimiento. Hoy, la gran mayoría de ellos sigue esperando que les entreguen sus documentos y poder reiniciar con sus vidas libremente.
Y tampoco ha resuelto el dilema del grupo B (personas que habiendo nacido en el país entre 1929 y 2010, que según la Constitución Dominicana vigente en la época les concedía el acceso a la nacionalidad y que nunca contaron con ningún registro), que a pesar de lo dispuesto en la ley, las medidas dispuestas hasta ahora no han surtido los efectos deseados.
Amigas y amigos, el Estado dominicano creó el problema y desnacionalizó a miles de dominicanos y dominicanas sólo por su color de piel y por tener apellidos afrancesados. Es el momento de que el Gobierno de Danilo Medina resuelva esta circunstancia, apegado al respeto a los Derechos Humanos y garantizando la dignidad de las personas afectadas por una sentencia, la 168-13, que hoy en día sigue vigente creando una falla grave en el estado de derecho. Este es un problema de dominicanos con el Estado dominicano, y por ello pedimos a nuestras autoridades, a nuestro Presidente que demuestren la voluntad política y su capacidad de diálogo para devolver la vida y la nacionalidad a miles de dominicanos y dominicanas.
Nosotros preguntamos, compañeros y compañeras, ¿qué voluntad de solucionar el problema tiene la JCE, cuando se avocó a un proceso de auditoría y transcripción de registro? Proceso que le ha costado a los afectados casi tres años de espera por la restitución de su documentación, y lo que ha provocado es que a enero de 2017 sólo 13,495 personas habían obtenido sus documentos, de un total de 61,000 mil personas afectadas en el Grupo A, según las autoridades en septiembre de 2017. ¿Qué ha resultado de todo esto? Demandas de la Junta Central Electoral a los afectados por la sentencia, con acusaciones de nulidad por doble registro causadas por las mismas transcripciones efectuadas por la propia Junta y que continúen las vidas de estas personas suspendidas al día de hoy. Desde la plataforma Dominican@s por Derecho queremos denunciar, en este sentido, que este libro de transcripciones, separado del libro de registro ordinario donde se encuentran todos los dominicanos y dominicanas, lo que ha hecho es segregar a unos dominicanos del resto de los dominicanos solo por un criterio racial, discriminador e ilegal.
Estimadas y estimados amigos: sobre el grupo B se ciñen peores nubarrones e incertidumbre. Los números en ningún caso son reconfortantes: del universo de más de 79,943 personas que habían nacido en República Dominicana, antes del 18 de abril de 2010, de padres extranjeros y que se podían acoger a la ley 169-14, tan sólo 8,755 pudieron hacerlo, en el plazo que terminó a fines de enero de 2015. Poco más del 10 por ciento.
Para este grupo B, que se les prometió un plan especial de naturalización dos años después de la entrada de la ley, hoy nos encontramos que lo único que el gobierno tiene para ellos a través de la Dirección General de Migración es una extranjerización. En ese mismo sentido, esta plataforma cuestiona una vez más el reciente llamado de la Dirección General de Migración de regular el estatus de las personas nacidas en República Dominicana, antes del 18 de abril de 2007, bajo el formato de residencia permanente como extranjero dentro del Plan Nacional de Regularización, si es que no conduzca de manera ágil a la naturalización de estas personas como dominicanos/as. De igual manera, cuestionamos el plazo dado por el Estado para el proceso, la falta de información en torno a él y la ausencia de una fecha para la implementación de un Plan especial de naturalización para las 8,755 personas que se acogieron a una Ley que establecía un régimen especial para personas nacidas en el país.
Ha quedado claro que las soluciones que ofrecían el Estado a la problemática de la desnacionalización y la apatridia se han quedado cortas y han creado más problemas paralelos. La comunidad de dominicanos y dominicanas afectados sobrevive en la precariedad en la que habita aquel que no cuenta con el derecho fundamental de tener acceso a un nombre, a una nacionalidad y a todos los beneficios que ello conlleva. Queremos y reclamamos soluciones de restitución plena de la nacionalidad de los dominicanos desnacionalizados con la sentencia 168/13, pero desde la noción de derecho y justicia.
Es importante que el Gobierno y las demás instituciones del Estado con vocación de actuar y provocar cambios positivos en beneficios de estas comunidades entiendan que debemos retornar a la mesa del diálogo, con la mirada puesta en la solución del impasse generado por la sentencia. Sólo el diálogo franco entre el estado y la sociedad civil puede traducirse en la luz al final del túnel para los afectados y puede, en consecuencia, relanzar la imagen de nuestro país en el exterior.
En este 2017 hemos conmemorado el cuarto aniversario de la fatídica sentencia 168/13 y el tercero de la inocua ley 169-14 carente de una solución duradera ¿Hasta cuándo tendremos que seguir esperando? Este ha sido un año en el que, en distintas partes del mundo, se ha debatido la apatridia como uno de los flagelos más crueles. La comunidad internacional ha mirado (y de cerca) a República Dominicana, el estado con más apátridas en la región, y donde se quiere invisibilizar a toda costa, a un grupo que se cuenta en 133,770 personas. Hace solo unos días, la prensa se hacía eco a lo ancho y largo de un dato de la Oficina Nacional de Estadísticas: “La casi totalidad de los dominicanos cuenta con acta de nacimiento”. Nosotras y nosotros reunidos aquí esta mañana somos la prueba de que ese dato carece de realidad y por más titulares de prensa que saquen no podrán invisibilizar la lucha de decenas de miles de dominicanos y dominicanas a los que se les privó arbitrariamente de su acta de nacimiento y de su derecho a la nacionalidad.
La plataforma Dominican@s por Derecho, compuesta por Centro Bonó, (MUDHA), (MOSCTHA), (CEDESO), CCDH, MOVIMIENTO RECONOCI.DO, (OBMICA), Derechos Vigentes, Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CEDUCA), (ASCALA), entre otras instituciones, reclama la restitución inmediata, sin intermediación y plena de la nacionalidad a todos los afectados por la Sentencia 168/13, como parte de una justa reparación al daño causado por el Estado a decenas de miles de dominicanos y dominicanas, cuyos proyectos de vida ha sido frustrados y sus sueños postergados por más de una década.
Es tiempo de buscar soluciones duraderas y que beneficien a la imagen de nuestro país en el extranjero, pero sobre todo que reparen los graves daños al estado de derecho en la Republica Dominicana y a las vidas de cientos de miles de dominicanos. Para esto, instamos a las autoridades dominicanas al diálogo.
Señor Presidente: ¡restituya ya nuestra nacionalidad!
