Central Romana posee 101 bateyes donde residen principalmente migrantes haitianos dedicados al corte y acarreo de la caña. En la mayoría de los bateyes se vive en condiciones de hacinamiento, sin agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas. De acuerdo con Jesús Núñez, 87 de esos bateyes no cuentan con electricidad ni centros de salud. Esta tardía, pero necesaria sanción es un jaque mate económico a una empresa que por más de un siglo ha impuesto el trabajo forzoso en el país, sin que ello representara ninguna sanción por parte de las autoridades dominicanas. Frente a este escenario, es cuestionable su comunicado en respuesta a la medida de las autoridades estadounidenses, donde afirman que “el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen”, en clara contradicción con lo evidenciado en sus más de cien años de existencia. 

El Movimiento Reconocido recuerda que las acciones ilegales y violatorias de los derechos humanos por parte de la DGM han sido sistemáticas bajo el gobierno de Luis Abinader. Hablamos de acciones tales como: detenciones y expulsiones sumarias de mujeres embarazadas, así como niños y niñas sin acompañamiento de sus padres o representantes legales; allanamientos a viviendas de personas inmigrantes sin orden judicial, extorsión a trabajadores haitianos, detención arbitraria de personas dominicanas de ascendencia haitiana y otras personas dominicanas negras, asesinatos de personas inmigrantes haitianas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, las leyes y la constitución.