Organizaciones sociales y de derechos humanos dominicanas denuncian ataques del Estado dominicano contra mujeres negras ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos- CIDH.

El lunes 6 de noviembre, en la primera jornada de las Audiencias Públicas Temáticas del 188 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada en Washington, EEUU, se realizó la audiencia titulada “República Dominicana: Acceso a la salud de mujeres y niñas migrantes haitianas embarazadas”. 

Las organizaciones de la sociedad civil compararon la persecución racista contra las mujeres dominicanas negras, haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, con las políticas del apartheid sudafricano. Señalaron que se trata de una discriminación histórica y estructural que se refleja en las limitaciones al acceso a la atención sanitaria en los barrios marginados y bateyes. Señalaron que de acuerdo con el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), entre 2021 y junio de 2023 más de 342 mil personas han sido expulsadas a Haití, entre ellas 2,159 mujeres embarazadas y 2,981 menores no acompañados por familiares, tanto de nacionalidad haitiana como personas dominicanas de ascendencia haitiana. La dimensión de las deportaciones masivas evidencia que es imposible que se esté cumpliendo con el debido proceso.

Denunciaron que la política migratoria se caracteriza por la persecución generalizada, la extorsión, los arrestos arbitrarios, torturas, violencia obstétrica y sexual, y deportaciones masivas que afectan de manera especialmente grave a las niñas y mujeres negras. Las tareas de interdicción migratoria han sido atribuidas a funcionarios policiales y militares que no trabajan para la Dirección General de Migración (DGM), generando un marco de informalidad que abona a la corrupción y la violencia. El 28 de septiembre de 2021 el Consejo Nacional de Migración adoptó la medida de impedir la entrada al país de mujeres extranjeras con seis meses o más de embarazo, y esta medida coincide con el aumento en la frecuencia de discursos de odio por parte del gobierno contra las mujeres inmigrantes haitianas y las redadas en los centros de atención sanitaria y sus alrededores. La detención de mujeres embarazadas viola el artículo 134 de la Ley de Migración 285-04, y las detenciones de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores violan la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer y el convenio 183 de la OIT sobre protección de la maternidad.

Mencionaron que el destierro de mujeres dominicanas de ascendencia haitiana viola las normativas constitucionales, legales y convencionales vigentes. Se citó el caso de Diana Jean, joven dominicana de ascendencia haitiana, con siete meses de embarazo, que sufrió la denegación de atención médica el 23 de abril de 2022, bajo el falso argumento de que era una mujer haitiana indocumentada. El caso fue presentado ante el Tribunal Superior Administrativo, que ratificó la denegación de la atención médica. En consecuencia tuvo que dar a luz en su lugar de residencia. El 20 de julio de 2023, agentes de la DGM allanaron sin orden judicial la Maternidad de Higüey, deteniendo arbitrariamente a mujeres embarazadas y lactantes en base al perfilamiento racial, y enviándolas a un centro de detención para su posterior expulsión del país. Procedimientos ilegales similares fueron llevados a cabo en la Policlínica de Verón, El Hospital Regional Universitario de La Vega y en el Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago. 

Solicitaron a la CIDH una visita al país para verificar en el lugar el alcance de las denuncias. Al Estado dominicano se exigió poner fin a la detención arbitraria y la deportación masiva de mujeres, niños y niñas, tanto haitianas como dominicanas de ascendencia haitiana. Igualmente se le exigió respetar el interés superior de niños y niñas para prevenir la separación familiar y garantizar su acceso a procedimiento de protección. Se exigió restituir el acceso a la nacionalidad a las personas dominicanas de ascendencia haitiana y disminuir el riesgo de apatridia; eliminar las barreras a los servicios de salud a las mujeres e infantes, y personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas;  y adoptar un régimen de consecuencias moral, penal y patrimonial contra los violadores de derechos humanos de las mujeres y niñas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana embarazadas, poniendo fin a las detenciones arbitrarias en los centros de salud y sus vías de acceso. También se exigió que el Estado dominicano cumpla con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos.

El embajador de la República Dominicana ante la OEA, Josué Fiallo, encabezó la defensa del gobierno. Sin reconocer el carácter sistemático de los abusos contra los derechos humanos, intentó colocar al Estado en el rol de víctima, haciendo alusión a una supuesta “carga asistencial” excesiva por el aumento de los partos de mujeres haitianas en el país y a una supuesta necesidad de buscar un balance entre los derechos de las personas migrantes y las nacionales, repitiendo los discursos oficiales que presentan a las personas migrantes como negadoras de derechos a la población nacional, un elemento recurrente de los discursos de odio racistas en el país.

El embajador dijo que en las denuncias se exageraron los eventos descritos, sin negar que ocurrieron o explicar en qué consistía la exageración. Alegó que las “mujeres embarazadas no son un objetivo específico” de la política migratoria, lo cual se comprobaría por un relativamente bajo porcentaje de mujeres embarazadas deportadas. Sin embargo, lo que prueba la existencia de una persecución específica es la realización de operativos de detención arbitraria y deportación de mujeres embarazadas en los hospitales y sus alrededores. Las propias cifras brindadas por el embajador dan cuenta de que entre el año 2021 y octubre de 2023 fueron deportadas 69,810 mujeres, de ellas 2,252 mujeres embarazadas. Esas cifras demuestran el carácter masivo de la persecución contra las mujeres y la violación sistemática de la legislación que prohíbe la detención migratoria de mujeres embarazadas o lactantes.

El embajador también intentó presentar como evidencia de buena voluntad del Estado la desvinculación de 132 agentes migratorios por abusos cometidos en el transcurso del actual gobierno, a lo que la representación de las organizaciones respondió que la mera desvinculación era insuficiente sin un sometimiento a la justicia por los delitos cometidos. La representante de CONANI admitió que la institución participó en la expulsión entre enero y septiembre 2023 de 1,410 niñas y niños no acompañados a Haití y solamente reunificó con sus familias haitianas en República Dominicana a 861 niños y niñas.

La funcionaria de la CIDH que presidió la sesión, Margarette May Macaulay, preguntó sobre las expulsiones sin proceso judicial y cuántas audiencias judiciales sobre deportaciones se realizan anualmente, cuál es el porcentaje de condenas y absoluciones, entre otras indagaciones. La representación del Estado dominicano no pudo aportar las estadísticas solicitadas. Como es sabido la enorme mayoría de las deportaciones se realizan sin audiencia judicial ni derecho a la defensa. Sobre las exigencias planteadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos, la representación del Estado dominicano no se comprometió a honrar ninguna de ellas, limitándose a una promesa general de mejorar sus prácticas.

Race and Equality, el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA), el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), el Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), el Movimiento Reconocido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Red Jacques Viau y OBMICA, fueron las organizaciones sociales y de derechos humanos que participaron y apoyaron la audiencia. La sesión puso en evidencia una vez más ante un foro internacional la gravedad de las violaciones a los derechos humanos por la aplicación de políticas racistas y misóginas contra las mujeres y niñas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.