Condenamos la detención arbitraria de nuestro coordinador Franklin Dinol
Desde el Movimiento Reconocido emitimos nuestra más enérgica condena al gobierno de Luis Abinader por su responsabilidad política ante la detención arbitraria contra nuestro coordinador nacional Franklin Dinol la mañana del 12 de octubre en la provincia El Seibo. Alrededor de las 6 de la mañana, nuestro compañero Dinol fue detenido en la vía pública por agentes de la Policía Nacional, quienes empleando el método ilegal e inconstitucional del perfilamiento racial procedieron a solicitarle sus documentos sin que dicha solicitud estuviera justificada por la razonable presunción de que existía alguna situación de ilegalidad. Cuando Dinol presentó su cédula dominicana, los agentes represivos indicaron que el documento era falso y que nuestro compañero era haitiano. Dinol fue esposado y llevado al destacamento policial de El Seibo.
Empleando el lenguaje propio de los esbirros que actúan en los operativos de interdicción migratoria desplegados por este gobierno, estos agentes policiales irrespetaron a nuestro compañero, con numerosas provocaciones de tipo racial. En el destacamento policial los agentes policiales le quitaron el teléfono celular. Fue amenazado con ser molido a golpes por los agentes policiales. También lo llevaron a un cuarto de detención junto a personas detenidas por delitos comunes, algo que explícitamente está prohibido por la Ley de Migración 285-04 para las detenciones migratorias. Dinol presume que fue llevado a este lugar hacinado y con pésimas condiciones de higiene para que fuera agredido por las otras personas privadas de libertad.
Ante las múltiples denuncias públicas por este procedimiento ilegal y racista de la Policía Nacional, un organismo cuya hoja de vida incluye innumerables crímenes de lesa humanidad y que el gobierno ha intentado lavarle la cara con una supuesta reforma policial, nuestro compañero fue finalmente liberado.
Al momento de su liberación, un alto mando policial le expresó a Dinol que las personas dominicanas debían cooperar con los operativos de interdicción migratoria porque ellos tenían “una cuota de detenciones que cumplir”, y lo amenazó diciéndole que tuvo suerte de no haber sido golpeado por su supuesta “prepotencia” y de no haber sido procesado, sin especificar bajo qué acusación se le habría procesado. Sin embargo no hubo ninguna interferencia de Dinol con las acciones de los agentes policiales. Lo que toda esta actuación de las autoridades demuestra es la brutalidad racista y su total desprecio por la legalidad.
La detención de Franklin Dinol, un reconocido dirigente social nacional, con una impecable trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en la formación de las nuevas generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana, es apenas uno entre miles que suceden semanalmente. Queda nuevamente en evidencia el carácter racista y brutal de la política migratoria desplegada por el gobierno de Luis Abinader, iniciada a fines del año 2021 y que da un salto el 2 de octubre con el anuncio de la cuota de 10 mil expulsiones semanales, en abierta violación y desafío a la Constitución nacional, la Ley de Migración 285-04 y los tratados y pactos de derechos humanos de los cuales el Estado dominicano es firmante.
Queda demostrado una vez más que el gobierno ha suspendido el Estado de derecho e impuesto un Estado de excepción en los hechos, liquidando el principio de presunción de inocencia y reemplazándolo por una presunción de culpabilidad de las personas negras, tengan la documentación que tengan. El protocolo implementado por este plan racista es detener a todas las personas negras y llevarlas a centros de detención, algunos con características de verdaderos campos de concentración como el llamado Centro Vacacional de Haina, para que la documentación sea “depurada”. Lo que significa que los agentes represivos asumen que la documentación portada por las personas negras es falsa hasta que demuestren lo contrario. Un método ilegal y arbitrario que recuerda los peores momentos de la historia de nuestro país.
Asimismo, alertamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre este ataque a las medidas de protección emitidas por la CIDH de enero de 2014. La medida cautelar 408-13 dicta que el gobierno dominicano debe adoptar las medidas necesarias para “preservar la vida y la integridad personal de los integrantes del Movimiento Reconocido”, e igualmente “las medidas necesarias para que el movimiento pueda desarrollar sus actividades de defensa de los derechos humanos sin ser objeto de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones”. Ya se ha hecho costumbre del gobierno encabezado por el presidente Abinader desafiar las recomendaciones de las instituciones internacionales, pero en este caso se trata de una violación abierta y flagrante de la medida cautelar otorgada por la CIDH.
No se trata de un caso aislado ni accidental, se trata de las consecuencias previsibles y alertadas desde hace años de la política de persecución racista desatada por el gobierno, incluyendo los discursos de odio que presentan a las personas negras, tanto inmigrantes haitianas como dominicanas de ascendencia haitiana como una supuesta carga económica para el Estado dominicano y, peor aún, una supuesta amenaza para la soberanía y la seguridad nacional. Como consecuencia de esa política definida al más alto nivel de la conducción del Estado, y especialmente ante la exigencia de una cuota de diez mil expulsiones semanales, se ha desatado una verdadera jauría salvaje de policías, militares y agentes migratorios persiguiendo y atacando a las personas negras en la vía pública, en sus viviendas, penetrando sin orden judicial, en los alrededores de los hospitales y las escuelas. Exigimos al gobierno que pare su política de limpieza étnica, que pare las deportaciones masivas que con frecuencia afectan a personas dominicanas negras, teniendo o no ascendencia haitiana, así como a personas inmigrantes haitianas con su documentación en regla. E incluso implican violaciones masivas de los derechos humanos de las personas inmigrantes haitianas en situación migratoria irregular, una situación de falta administrativa que de ninguna manera habilita al gobierno a violar sus derechos humanos y su derecho a una evaluación individual de cada uno de sus casos en pleno ejercicio del derecho a la defensa.
Finalmente, anunciamos que procederemos a denunciar este grave ataque a nuestra organización ante todas las instancias nacionales e internacionales que correspondan.
