En la audiencia temática “Derechos políticos de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”, celebrada el pasado viernes 8 de abril en el marco del 157 período de sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil dominicana abordaron el tema sobre el ejercicio efectivo de la ciudadanía de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, cuyo acceso al registro civil y documentación de identidad ha sido sistemáticamente negado u obstruido por la Junta Central Electoral desde el año 2007.
Sociedad civil subrayó el rol determinante de la JCE en la política de restringir derechos a personas dominicanas de ascendencia haitiana, lo que tiene un mayor impacto en tanto este organismo es al mismo tiempo la instancia estatal que administra el Registro Civil y organiza los comicios electorales en República Dominicana. 
“En el contexto de las elecciones de mayo próximo, las autoridades competentes llamaron a los ciudadanos/as a renovar sus cédulas de identidad y electoral expedidas a partir del año 2004, la adopción de un nuevo formato anula en la práctica el anterior. Miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana no pudieron acceder a su cédula debido a las trabas impuestas por la JCE, aunque hayan tenido en el pasado documentos expedidos por autoridades dominicanas y hayan ejercido su derecho al voto” aseguró la abogada Noemí Méndez, parte del grupo de peticionarios.
Aún con la implementación de la ley 169-14, que ordena la revalidación de documentos a dominicanos/as hijos/as de personas migrantes en situación irregular, estos ven limitado el ejercicio de su ciudadanía. La instauración de procedimientos distintos por parte de la JCE para cursar las solicitudes de los mismos reduce sus posibilidades de ejercer derecho al voto o de postularse a un cargo electivo.
De acuerdo al resultado de la auditoría realizada por la JCE a los libros del Registro Civil, publicado en junio de 2015, son 55 mil los dominicanos destinatarios de la ley 169-14, de los cuales apenas 10 mil habrían recibido sus documentos. Sin embargo, las organizaciones afirman haber constatado que un significativo número de víctimas de retención o inhabilitación arbitraria de documentos, acompañadas en sus procesos de solicitud, no figuran en los registros de la auditoría de la JCE. La mayoría de los que se encuentran en la referida lista, siguen a la espera de sus actas y cédulas.
Ana María Belique del Movimiento Reconoci.do, aseguró que la arbitrariedad la JCE lesiona también el liderazgo político y representatividad a nivel local, clave para lograr el desarrollo de comunidades agrícolas denominadas bateyes, enclaves urbanos marginados y empobrecidos.
“Limitar que dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana representen a sus comunidades de origen, reafirma la exclusión y segregación social de la que son víctimas. Es a nivel municipal que el impacto electoral de los dominicanos de ascendencia haitiana cobra mayor relevancia. En las elecciones pasadas el candidato ganador de la alcaldía de Paraíso, provincia Barahona, superó por apenas 3 votos a su opositor más cercano. Conforme a la lista de la JCE en esa localidad fueron auditados y validados 389 dominicanos de ascendencia haitiana. Aunque se ha de suponer que no todos son mayores edad, si los ciudadanos/as hubieran ejercido su derecho al voto, el escenario pudo haberse planteado de una forma diferente”.
Las recomendaciones de las organizaciones defensores de derechos humanos y de víctimas de la política de desnacionalización incluyen medidas afirmativas en favor de personas que le fue impedido acceder a sus documentos de identidad por primera vez o renovar sus documentos vencidos, entre las que se encuentran fomentar la participación política de jóvenes que en el pasado reciente se vieron afectado por la retención e incautación de sus documentos de identidad.
“Es responsabilidad del Estado Dominicano, evitar que el estigma y la discriminación impida a líderes y lideresas comunitarios ejercer su derecho constitucional a la participación política, presentando candidaturas a cargos electivos en igualdad de condiciones, con los demás ciudadanos dominicanos”.
En representación de sociedad civil y las personas afectadas por la política de desnacionalización participaron en el dialogo el Movimiento Reconocido, el Centro Pedro Francisco Bonó, el Movimiento de Mujeres Dominico-Hatianas (MUDHA), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), el Centro de Desarrollo Sostenible (CEDESO) y la organización Derechos Vigentes .
Sobre la CIDH
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
A través de las audiencias temáticas los comisionados de la CIDH recaban información sobre la situación de derechos humanos en los países miembros de la OEA, en espacios de dialogo en los que participan representantes del estado involucrado, miembros de la sociedad civil y personas cuyos derechos han sido afectados. Las reuniones se realizan dos veces por año durante los períodos de sesiones de la entidad.
Desde 4 de abril la CIDH ha abordado casos de 20 países del continente en 50 audiencias públicas en los temas inmigración, seguridad, crisis penitenciaria, alimentación, desapariciones y libertad de expresión, entre los que se encuentra el caso de la activista Berta Cáceres, asesinada en Honduras en febrero pasado y cuyos hijos solicitan CIDH se cree una comisión para indagar su muerte dentro de las medidas cuatelares con las que fueron beneficiados el 7 de marzo; La periodista Jineth Bedoya , sobreviviente de tortura, secuestro y violencia sexual por parte de grupos paramilitares en Colombia.
El pasado 9 de febrero la CIDH dio a conocer el informe del 2015 sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Dominicana, resultado de la visita in loco realizada en 2013 y de la investigación realizada por los comisionados durante casi dos años.
