Desde el año 2010 empiezan a reunirse jóvenes de diversas comunidades, de bateyes y barrios de la República Dominicana, enfrentando una misma situación. Desde 2007 la JCE emitió circulares y resoluciones que pusieron en suspenso nuestros derechos fundamentales como personas dominicanas de ascendencia haitiana.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde
el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el
cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes de ascendencia
haitiana. Negar la atención médica, obligando a mujeres a parir afuera de un hospital
por ser migrantes, pobres, por ser negras, es un acto de barbarie que denunciamos con
dolor y vergüenza. No enfrentar con energía y decisión este problema implica protección y complicidad.
Destacan el testimonio de “Isidro”, un joven dominicano de 17 años que fue enviado a Haití y estuvo alrededor de cuatro años viviendo en el vecino país, hasta que logró regresar y alcanzar el octavo grado de escolaridad. “Ángela”, de 22 años, narra que no pudo realizar estudios universitarios y perdió un trabajo al vencerse su carnet del plan de regularización de la Ley 169-14. Pese a realizar todos los trámites para la obtención de su cédula, no ha sido posible obtenerla. “Todos mis hermanos están pasando por esa misma situación, tienen cédulas, pero vencidas. Somos ocho hermanos y cuatro tienen cédula del plan y cuatro solo tenemos acta del plan. Tengo mucho miedo de salir a la calle [ante el peligro de] ser deportada a Haití, ya que no conozco a nadie allá”
Los impactantes testimonios de la juventud afectada por la apatridia en San Pedro de Macorís luego de la sentencia 168-13 ilustran una realidad extendida por todo el territorio nacional. Desde hace varios meses el Movimiento Reconocido viene recordando al Presidente Abinader su discurso durante el acto titulado “Abrazo solidario”, en el Aula magna de la UASD en el año 2013, evento en solidaridad con las personas de ascendencia haitiana. Pero una vez que llegó al poder vino el “cambio”, en otras palabras, el abandono de la anterior posición de solidaridad con la comunidad dominicana de ascendencia haitiana. Lamentablemente el contraste no podría ser mayor entre su discurso de 2013 y la política actual del gobierno dominicano de persecución contra las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, política que incluso ha generado críticas por parte de funcionarios de la ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y la embajada de EEUU en la República Dominicana.