Como organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y antirracistas, rechazamos este nuevo ataque por parte del régimen dominicano contra quienes defienden los derechos de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.
Marchamos para avanzar hacia una sociedad justa y protectora de derechos, en donde
el origen nacional no sea un motivo de discriminación, violencia y exclusión. Urge el
cese de la práctica racista y xenófoba hacia las mujeres migrantes de ascendencia
haitiana. Negar la atención médica, obligando a mujeres a parir afuera de un hospital
por ser migrantes, pobres, por ser negras, es un acto de barbarie que denunciamos con
dolor y vergüenza. No enfrentar con energía y decisión este problema implica protección y complicidad.
Central Romana posee 101 bateyes donde residen principalmente migrantes haitianos dedicados al corte y acarreo de la caña. En la mayoría de los bateyes se vive en condiciones de hacinamiento, sin agua potable o instalaciones sanitarias adecuadas. De acuerdo con Jesús Núñez, 87 de esos bateyes no cuentan con electricidad ni centros de salud. Esta tardía, pero necesaria sanción es un jaque mate económico a una empresa que por más de un siglo ha impuesto el trabajo forzoso en el país, sin que ello representara ninguna sanción por parte de las autoridades dominicanas. Frente a este escenario, es cuestionable su comunicado en respuesta a la medida de las autoridades estadounidenses, donde afirman que “el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen”, en clara contradicción con lo evidenciado en sus más de cien años de existencia.
Las expulsiones se han intensificado en lo que va del mes de noviembre que según las cifras comunicadas a la prensa sitúan en más de 4,500 personas expulsadas en un solo día y que están expulsando un promedio de 20,000 personas cada mes. La incorporación de miembros del ejército dominicano y de la Policía Nacional, carentes de entrenamiento, ha hecho recrudecer la violencia en dicho operativos, con golpizas a personas afectadas, tal como se aprecia en videos e imágenes que circulan en las redes sociales.