Así como este año la dictadura nicaragüense quitó la nacionalidad a cientos de personas por sus ideas políticas y por oponerse al régimen de Ortega, hace diez años el régimen racista dominicano adoptó una política de quitarle la nacionalidad retroactivamente a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana. No lo hizo por nuestras ideas políticas sino motivado por la ideología racial.
Esta política discriminatoria se apoya en una propaganda no sustentada en datos e informaciones reales, solo para atacar a mujeres embarazadas, en labores de parto o lactantes, dentro y en los alrededores de los hospitales públicos y otros centros de salud, como por ejemplo, el caso de la policlínica de Higüey, donde, en una acción flagrante y abiertamente violatoria de los derechos constitucionales y las leyes nacionales dominicanas, buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal. Esta situación es un indicio que estamos avanzando en una especie de apartheid, ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad.
Alexander Raimon, de 69 años, quien reclamaba el año pasado que tras 47 años trabajando en un ingenio de La Romana no le pagaban la pensión para la que aportó: “Yo he dado mi vida en la caña (y ahora) no tengo pensión, no tengo seguro médico, no tengo dinero, estoy enfermo… me dan 45 días para salir de mi casa”. Hay miles de trabajadores como él en la República Dominicana.
Pero no se trata tan solo de comportamientos individuales motivados por los prejuicios y la ignorancia. Se trata de políticas de los gobiernos que convierten la discriminación en un crimen de Estado.
Este año se conmemoran diez años de la Sentencia 168-13, un instrumento para la segregación y la agudización de la discriminación racial en el país, desnacionalizando a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana y afectando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, la libertad de la circulación y la libertad de reunión.
Exigen al gobierno de Abinader cesar los “brutales ataques a los derechos y la dignidad de las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana y poner fin a su campaña racista de deportaciones masivas.