A raíz de la protesta realizada frente al Palacio Nacional por el Movimiento Reconocido y otras organizaciones el lunes 23 de septiembre, al cumplirse once años de la sentencia 168-13, que de manera inconstitucional y retroactiva privó de la nacionalidad a más de cuatro generaciones de dominicanos y dominicanas nacidos en el país entre 1929 y 2007, se ha generado un importante debate público sobre la situación de nuestra comunidad. Hemos recibido numerosas expresiones de solidaridad, que reflejan la dignidad, la integridad y el compromiso democrático de periodistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, trabajadores, feministas, educadores y personas que reflejan la gran diversidad que constituye la nación dominicana. Las expresiones minoritarias de odio hacia nuestra manifestación han provenido de los pequeños grupos que siempre se han opuesto al progreso y la democratización de la República Dominicana.
Desde el gobierno también ha habido una respuesta a nuestro reclamo justo, democrático, de que cese la discriminación y que se restituya la nacionalidad de las personas injusta e inconstitucionalmente desnacionalizadas. La vicepresidenta Raquel Peña ha afirmado que “vivimos en un país democrático, cada quien tiene derecho a protestar por lo que cree que realmente es lo correcto; pero nosotros estamos enmarcados en cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana”. En su rueda de prensa del 23 de septiembre desde la ciudad de Nueva York, el propio presidente Abinader se ha referido a nuestra protesta afirmando: “tenemos que esperar que se cumpla la ley y se cumpla la Constitución, eso es lo que nosotros estamos respetando, los procesos para cumplir la ley y la Constitución”.
Es positivo que el gobierno afirme la vigencia de la Constitución y que cumplirá con lo establecido en ella y en las leyes. Sin embargo, creemos que no se debe esperar más. Debe respetarse y aplicarse de manera inmediata lo establecido en las leyes y la Constitución, poniendo fin a once años de injusticias y persecución que han atentado contra la Constitución, configurando un régimen de apartheid incompatible con una democracia.
Cumplir con la Constitución y las leyes implica necesariamente restituir la nacionalidad a todas las personas que ya eran dominicanas antes de la Constitución de 2010. El artículo constitucional 18 establece con claridad que son dominicanas y dominicanos:
“1) Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos;
2) Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.
Si bien la Constitución de 2010 condicionó el ius soli, en términos diferentes a los existentes hasta ese momento en el país, no lo eliminó. Son por lo tanto dominicanas y dominicanos los hijos de inmigrantes haitianos o de otras nacionalidades nacidos después de 2010, de padres residentes legalmente en el país. También son dominicanas las personas nacidas en el país hijas de padres dominicanos y madres extranjeras. Sin embargo, persiste la práctica discriminatoria, ilegal e inconstitucional de registrar a estas personas como extranjeras, negando la adquisición de la nacionalidad por ius soli y ius sanguini, simplemente por tratarse de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Estas dos condiciones deben ser respetadas en el caso de las y los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos después de 2010.
La sentencia 168-13 violó el artículo 18 de la Constitución, al desnacionalizar retroactivamente a miles de personas que ya eran dominicanas al entrar en vigencia la reforma del año 2010. Esto fue denunciado en varias ocasiones por el propio presidente Abinader, quien el 5 de diciembre de 2013 en un acto público en la UASD expresó que “decisiones injustas, poco civilizadas, están quitándole el derecho a la nacionalidad a dominicanos y dominicanas de rostros distintos. Hoy, hemos venido a solidarizarnos con todos ellos, lo hacemos porque pudimos ser uno de ellos. Yo, como muchos otros miles de dominicanos, soy descendiente de inmigrantes, mi historia personal se parece a la de muchos afectados”.
Durante la campaña electoral de 2016, el presidente Abinader reiteró ante el periodista Jorge Ramos: “Yo creo que hay que respetar los derechos humanos y los derechos adquiridos de los dominicanos de origen haitiano o de otro origen. Todo se inició con la sentencia 168-13, que fue una sentencia bastante controversial, que si fuera por esa sentencia, mis abuelos vinieron de El Líbano, mi padre no fuera dominicano”.
Es urgente adoptar medidas entonces para restablecer la nacionalidad a todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana que la poseían al entrar en vigencia la Constitución de 2010. Este es el sentido del posicionamiento público que hemos realizado el 23 de septiembre.
Hay dos medidas que de manera inmediata puede adoptar el gobierno para respetar la Constitución: entregar la documentación a más de treinta mil personas dominicanas de ascendencia haitiana cuyos papeles están en poder de la JCE y no han sido entregados, pese a que la ley 169-14 ordenaba hacerlo hace una década (el llamado grupo A); y la otra medida es reabrir las oficinas del Ministerio de Interior y Policía para la ejecución y seguimiento de la Ley 169-14, acelerando el proceso, actualmente congelado, para la naturalización especial de las alrededor de ocho mil personas que aplicaron a este proceso, que según la propia ley debía ejecutarse en dos años. Como puede verse, no hay que esperar más, se ha esperado demasiado. Lo que debía hacerse en dos años no se ha hecho en once años y el Estado dominicano está en mora con la Constitución y la propia Ley 169-14.
Estas dos medidas, sin embargo, serían insuficientes para poner fin al problema de la desnacionalización y la apatridia de las personas dominicanas de ascendencia haitiana afectadas por la sentencia 168-13. Lamentablemente, miles de personas no calificaban para ser consideradas parte del llamado grupo A, ni tampoco se registraron para la naturalización especial del llamado grupo B. Sin embargo también son dominicanas y dominicanos, a quienes no se puede seguir negando sus derechos humanos. El gobierno debe abrir un diálogo con las organizaciones sociales y de derechos humanos para establecer una hoja de ruta para restablecer la nacionalidad de todas las personas desnacionalizadas inconstitucionalmente.
Finalmente, en aras de que el gobierno retome el camino de la Constitución y las leyes, exhortamos al Ministerio de Interior y Policía a que ponga fin de manera inmediata a la campaña de allanamientos ilegales con fines de interdicción migratoria, sin orden judicial ni presencia de fiscales del Ministerio Público, que se viene ejecutando en los últimos tres años y que afectan a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. Debe ponerse fin igualmente a las actuaciones de policías, militares y agentes migratorios encapuchados y sin identificación en estos operativos, ya que esto también viola la Constitución. Las detenciones basadas exclusivamente en el perfilamiento racial violan la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, son discriminatorias y violatorias de la Constitución. La detención migratoria de personas dominicanas de ascendencia haitiana, así como su expulsión, también es ilegal e inconstitucional, pues no existe la pena del destierro. Los robos, la extorsión, los malos tratos, las violaciones sexuales y los asesinatos de personas dominicanas de ascendencia haitiana, personas dominicanas negras e inmigrantes haitianos deben detenerse de inmediato, pues son prácticas de la Dirección General de Migración que violan la Constitución y las leyes.
Esperamos una respuesta positiva del presidente y una pronta reunión con una representación del gobierno para tratar la implementación de estas recomendaciones urgentes, basadas en la Constitución y las leyes, así como en el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales firmados por el Estado dominicano.
Atentamente,
La Coordinación Nacional del Movimiento Reconocido.
