La sociología no debe estar al servicio del apartheid
Apreciados profesores, estudiantes y estudiosos de la sociología,
Como dominicana, Socióloga egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y como activista social, me he animado a escribir esta carta pública las y los participantes en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Es lamentable el protagonismo que en el evento han tomado las autoridades gubernamentales, en vista de las masivas violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo desde el año 2021, con una campaña de deportaciones masivas ilegal e inconstitucional que afecta a las personas inmigrantes haitianas y a las personas dominicanas de ascendencia haitiana. Dicha campaña viola el ordenamiento legal interno y todos los compromisos internacionales adquiridos por el Estado dominicano.
Creo que el pensamiento crítico es incompatible con el servilismo ante el poder, y mucho más cuando el poder se ejerce para aplastar los derechos humanos. Por eso creo que puedo apelar a la solidaridad de quienes visitan nuestro país para participar en este Congreso y no tienen compromisos con la política oficial dominicana.
Deben saber que el gobierno dominicano da continuidad a una política de racismo de Estado de larga data, que incluye hitos como la masacre de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana de 1937, cuando alrededor de veinte mil personas fueron asesinadas por el Estado; el trabajo forzoso institucionalizado en la industria azucarera en perjuicio de trabajadores haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana desde hace un siglo; la sentencia inconstitucional 168-13 que en el año 2013 retroactivamente desnacionalizó a varias generaciones de personas dominicanas de ascendencia haitiana; y la actual campaña de deportaciones masivas oficialmente dirigida contra la comunidad inmigrante haitiana pero que también afecta a personas dominicanas de ascendencia haitiana e incluso a personas negras dominicanas y de otras nacionalidades debido a la masividad de las detenciones arbitrarias.
Estas políticas racistas han llevado a que el Estado dominicano sea condenado en el sistema interamericano de los derechos humanos y que se emitan medidas de protección a favor de defensores de derechos humanos perseguidos.
De las más de doscientas mil personas a las que retroactivamente se les despojó de la nacionalidad dominicana por tener padres o abuelos haitianos, solo alrededor de treinta mil han recuperado su documentación. Quien les escribe es una de ellas. Sin embargo, la restitución no fue plena, pues el Estado ha creado un registro civil segregado racialmente para las personas como yo. Para las demás personas afectadas por la sentencia 168-13 las consecuencias han sido peores, la mayoría ha quedado en situación de apatridia y son vulnerables ante las redadas migratorias.
El gobierno se jacta de haber logrado el récord de alrededor de medio millón de expulsiones desde 2021 a la fecha. El dos de octubre de 2024, coinicidiendo con la conmemoración de la Masacre del Perejil de 1937, el presidente Luis Abinader anunció una cuota de 10 mil expulsiones semanales. Esta meta oficial apunta a realizar en el próximo año más de quinientas mil expulsiones. Según los estimados más recientes del Instituto Nacional de Migración, institución gubernamental, hay en el país poco más de quinientas mil personas inmigrantes haitianas. De tal forma que la meta oficial apunta a una limpieza étnica.
Aún cuando por diversas razones esta politica no puede tener éxito, entre otras porque el propio gobierno utiliza intensivamente la fuerza de trabajo inmigrante haitiana en la construcción de infraestructura, irónicamente incluso para construir un muro fronterizo inspirado en el muro de Trump, el solo hecho de su formulación es un alerta que debe resonar en toda nuestra región. Aún si el gobierno no logra la limpieza étnica que se propone, incrementará significativamente la opresión y la miseria del sector más marginado, explotado y oprimido de la República Dominicana, que es la comunidad haitiana y dominicana de ascendencia haitiana. Las redadas migratorias están plagadas de violencia, abundan las denuncias de desapariciones forzadas, robos, extorsión y violencia sexual.
Esta cuota de diez mil expulsiones semanales implica la saturación de la precaria infraestructura de centros de detención de migrantes. Para cumplir esas cuotas, las fuerza militares y policiales recurren a detenciones arbitrarias basadas únicamente en el perfil racial, allanamientos de viviendas y establecimientos comerciales sin orden judicial, detenciones de personas menores de edad separadas de sus familias, entre otras violaciones sistemáticas al debido proceso, la ley de migración dominicana y la Constitución. Estamos ante un Estado de excepción no aprobado formalmente por el Congreso.
Todo esto se justifica ideológicamente afirmando que existe una supuesta amenaza de la inmigración haitiana a la seguridad nacional y a la soberanía. Ya sabemos lo que eso significa, definir que un grupo social es una amenaza para el Estado.
La inmigración haitiana ha construido el país, ha sido la base de su primera y principal industria, el azúcar, a lo largo del siglo XX, hoy es la clase trabajadora haitiana la que construye los hoteles en los que muchos de ustedes se están alojando, es la que siembra y cosecha el café, el arroz y otros rubros agrícolas. Hemos construido este país, lo hemos alimentado, hemos enriquecido a su clase dirigente, y en vez de reconocer nuestros derechos en condiciones de igualdad ante la ley, el régimen nos califica de amenaza a la soberanía y a la supervivencia del Estado dominicano y nos amenaza con una limpieza étnica.
La República Dominicana, con sus bonitas playas y sus edificaciones coloniales que atraen tantos turistas, se ha configurado como un Estado en el que se condiciona racialmente el acceso a la nacionalidad. En el que miles de personas de una raza oprimida sobreviven en condiciones de semiesclavitud y explotación, y si reclaman sus derechos se les dispara, se les detiene y se les expulsa, como ocurrió este año en el Consorcio Azucarero Central. Un país en el que se detiene a mujeres embarazadas en los hospitales para ser llevadas a centros de detención hacinados y después expulsadas del país. En el que se separa a niños y niñas de sus padres. Un Estado que detiene masivamente a personas negras y ni siquiera les reconoce el derecho a la asistencia legal. En definitiva, un Estado donde la raza oprimida no tiene derechos políticos, económicos ni sociales, tal es la situación de las personas inmigrantes haitianas y las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas. Es un régimen de apartheid.
¿Qué responsabilidades implica realizar el Congreso de la ALAS en un país bajo el yugo del apartheid? Espero que piensen en este serio problema a la hora de adoptar sus resoluciones, de elaborar las futuras declaraciones de la ALAS, y, ojalá, de pronunciarse públicamente en solidaridad con nuestra perseguida comunidad, por la dignidad, la igualdad y los derechos humanos.
Ana María Belique
Socióloga y Activista Social
