Así como este año la dictadura nicaragüense quitó la nacionalidad a cientos de personas por sus ideas políticas y por oponerse al régimen de Ortega, hace diez años el régimen racista dominicano adoptó una política de quitarle la nacionalidad retroactivamente a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana. No lo hizo por nuestras ideas políticas sino motivado por la ideología racial.
Esta política discriminatoria se apoya en una propaganda no sustentada en datos e informaciones reales, solo para atacar a mujeres embarazadas, en labores de parto o lactantes, dentro y en los alrededores de los hospitales públicos y otros centros de salud, como por ejemplo, el caso de la policlínica de Higüey, donde, en una acción flagrante y abiertamente violatoria de los derechos constitucionales y las leyes nacionales dominicanas, buscando y cazando cubículo por cubículo a mujeres en consulta prenatal. Esta situación es un indicio que estamos avanzando en una especie de apartheid, ya que el modus operandi afecta a todas las poblaciones negras, pobres o en situación de vulnerabilidad.
A nueve años de la promulgación de la Ley 169-14, mediante la cual el Estado dominicano alegaba que abordaba la situación de las personas dominicanas afectadas por las políticas de desnacionalización, como la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, ha quedado demostrado que el verdadero propósito de dicha ley fue neutralizar las denuncias nacionales e internacionales y desmovilizar las protestas, consolidando la desnacionalización de miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana. En estos nueve años, los sucesivos gobiernos han congelado la situación de las personas afectadas, dejándolas en un limbo jurídico, sin registro civil, con una documentación vencida y sin acceso a la nacionalidad dominicana y a los plenos derechos económicos, políticos y sociales. Es urgente revertir esta situación.