Desde el año 2010 empiezan a reunirse jóvenes de diversas comunidades, de bateyes y barrios de la República Dominicana, enfrentando una misma situación. Desde 2007 la JCE emitió circulares y resoluciones que pusieron en suspenso nuestros derechos fundamentales como personas dominicanas de ascendencia haitiana.
La única conclusión a la que pueden llegar las víctimas de las violaciones de derechos humanos de este gobierno es que el Estado dominicano debe dar pasos reales para eliminar la apatridia, detener los abusos masivos de derechos humanos contra las personas inmigrantes haitianas, garantizar la igualdad de derechos y eliminar la discriminación racista de Estado con elementos de apartheid, antes de postularse al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales en los operativos que diariamente se realizan.
Cualquier uniformado puede detener una persona migrante, esto está fomentando el “macuteo”.
Hay deportaciones de niños con arraigo social en República Dominicana, y nos entristece la cantidad de menores no acompañados que han sido conducidos a la frontera.
Los centros de detención no cumplen con el mínimo que garanticen la dignidad humana: baños, muebles para sentarse o dormir, tampoco se les brinda agua y comida. A esta situación son sometidos tantos niños como mujeres embrazadas y madres lactantes.