Hoy, 23 de septiembre de 2016, al cumplirse un año más de la nefasta sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, queremos reiterar con firmeza nuestro más profundo rechazo a tan criminal acto.

La sentencia del Tribunal Constitucional ha significado la mayor aberración jurídica que se haya cometido en esta sociedad y, lamentablemente, sus efectos siguen siendo tan severos como el primer día.

El movimiento reconoci.do lamenta que la Junta Central Electoral no haya mostrado hasta hoy una actitud de colaborar en la solución de los estragos producto de la mencionada sentencia, sino que, al contrario, se ha mantenido ignorando lo que ordena la ley 169-14 en lo referente al llamado “grupo A” y ha sostenido una actitud inflexible y arrogante, al punto de repetir con terquedad demandas de nulidad contra actas de nacimiento y segregar en el Registro Civil a los dominicanos de ascendencia haitiana, con un libro específico que es ilegal.

Lamentamos la posición insensata de las instituciones del Estado en cuanto a la necesidad de buscar salidas viables y satisfactorias, de acuerdo a los parámetros de derechos humanos y a la propia normativa interna del país, asumiendo una posición a la defensiva y sin ningún criterio de racionalidad.

Si bien es cierto que se han intentado buscar algunas soluciones, estas no han sido más que paliativas, accidentadas por la propia debilidad institucional del Estado y la intransigencia de varias autoridades. Estas soluciones han sido más mediáticas que reales, buscando así sofocar el asfixiante clamor de los afectados, de defensores de DD.HH., de personalidades y de la comunidad internacional contra este crimen, haciendo creer que todo está solucionado.

Ante esto, como movimiento queremos reiterar nuestro compromiso de mantenernos en pie de lucha, hasta que se reconozca en plenitud de dignidad y derechos la nacionalidad de las decenas de miles de dominicanos(as) que, a raíz de la sentencia 168-13, quedaron indocumentados y apátridas. No escatimaremos esfuerzo alguno en lograr que los dominicanos(as) afectados por aquella decisión sean reivindicados y reincorporada su nacionalidad y superemos este apartheid que de hecho se ha impuesto en la sociedad dominicana, contrario a la Constitución, a los ideales de nuestros Padres de la Patria y nuestros héroes y heroínas.

En ese sentido, esperamos que el Estado y sus organismos creen mecanismos de solución real a nuestra situación:

• Demandamos que el Tribunal Constitucional vuelva a la legalidad, apegándose a su función que es garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y el respeto de la dignidad de la persona, y en ese sentido derogue su sentencia con una nueva que repare los descomunales daños causados.
• Exigimos acciones inmediatas y firmes que detengan los efectos de la desnacionalización y la apatridia en el país.
• Que el Estado dominicano honre y respete sus compromisos en materia de Derechos Humanos firmados en pactos y convenios internacionales.
• Que el Estado firme y ratifique las convenciones internacionales existentes contra la apatridia y contra toda forma de discriminación racial.
• Que la JCE detenga la persecución por ante los tribunales, emprendidas contra los dominicanos de origen haitiano a través de las demandas en nulidad y trascripciones de actas.