A 10 años de la sentencia racista 168-13, el Tribunal Constitucional prepara un nuevo golpe a la Constitución y la democracia dominicana

Al cumplirse diez años de la sentencia 168-13 que de manera inconstitucional desnacionalizó a alrededor de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, la situación del país es de claro retroceso antidemocrático. Somos testigos de la aplicación generalizada por parte del gobierno encabezado por el presidente Abinader del perfilamiento racial y detenciones arbitrarias y extorsivas contra personas haitianas y dominicanas negras, detenciones masivas e ilegales de mujeres embarazadas, niños y niñas, allanamientos sin orden judicial, entre otras medidas que constituyen crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma firmado por la República Dominicana.

Ese legado profundamente antidemocrático y discriminador, opresivo y violento, que ha dejado el Tribunal Constitucional, amenaza con profundizarse ante la intención de integrantes de ese tribunal de emitir un nuevo fallo que refuerce la discriminación racial ya establecida de manera brutal en la sentencia 168-13. Alertamos a la sociedad dominicana y llamamos a sus fuerzas vivas políticas, sociales, intelectuales y académicas a movilizarse en defensa de los derechos democráticos del pueblo dominicano.

La situación de por sí es extremadamente grave. A la desnacionalización de la sentencia 168-13 le siguió la Ley 169-14 que consolidó la desnacionalización y además estafó a las más de 8 mil personas que se acogieron al engañoso plan de naturalización especial, de las cuales ninguna ha recuperado hasta hoy su plena documentación. Se trata de miles de personas sometidas a interminables procesos administrativos y judiciales por parte de un Estado que se muestra cruel y opresivo ante una comunidad que tanto ha dado a este país en el orden económico, social, cultural, deportivo y artístico.

La nueva ley de registro civil representa de igual forma grandes riesgos de que se avance en la consolidación de prácticas discriminatorias contra nuestra comunidad, al legalizar prácticas inconstitucionales discriminatorias y aumentar el poder de la Junta Central Electoral.

De las alrededor de sesenta mil personas clasificadas como grupo A, a quienes correspondía restituir de manera inmediata sus documentos, todavía hoy más de la mitad no los ha recuperado, y los que lo han hecho están inscritos en un registro civil segregado racialmente. Por eso República Dominicana se ha convertido en el país con la mayor comunidad en situación de apatridia en el hemisferio occidental, una distinción vergonzosa.

Hoy nuestra comunidad sufre la persecución inmisericorde de las autoridades en medio de la política de deportaciones masivas. Todas las semanas, personas dominicanas de ascendencia haitiana son detenidas arbitrariamente y en muchos casos extorsionadas por policías, militares y agentes migratorios. Por eso reiteramos lo dicho en nuestra declaración a propósito de los nueve años de la Ley 169-14: ¡Con apatridia y discriminación racial no hay democracia!

En aquella ocasión insistimos en que “(un) Estado social, democrático y de derecho tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas que se encuentran en su territorio tengan registro de su identidad y acceso a documentos civiles. Esto incluye la obligación de reconocer la nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro modo sería apátrida, tal y como ha sido establecido en la Convención de la ONU de 1961 para reducir los casos de apatridia. Es una deuda vieja del estado dominicano firmar dicha convención, y así se lo exigimos. La apatridia tiene consecuencias perjudiciales tanto para la población afectada como para el desarrollo nacional y el bienestar general”.

“Es fundamental que el Estado Dominicano tome medidas concretas para abordar esta situación y garantizar que las personas que nacen en su territorio tengan acceso a un ejercicio efectivo de nacionalidad documentada, libre de apatridia y de discriminaciones que les impiden aportar con sus potencialidades humanas al desarrollo del país y de sus comunidades”.

Nuestras exigencias siguen siendo fundamentalmente las mismas diez años después de esta sentencia que generó un gran repudio nacional y mundial:

-Exigimos la restitución de nuestro derecho a la nacionalidad, que nadie sea privado de la nacionalidad por la implementación de normas o prácticas institucionales de tipo racista, y que el Estado dominicano deponga sus pretensiones de exclusivismo y supremacismo racial y finalmente se asuma como un Estado plural y democrático.

-Que se restablezca la nacionalidad de todas las personas nacidas en República Dominicana antes del 26 de enero de 2010.

-Que se garantice la nacionalidad de todas las personas de padres extranjeros en estatus migratorio regular nacidas después del 26 de enero de 2010.

Pasos inmediatos que pueden tomarse en esa dirección son:

-Que el Estado entregue de manera inmediata sus documentos de identidad dominicanos a todas las personas del llamado grupo A y a las 800 personas beneficiadas por decretos de naturalización que las propias autoridades no están acatando.

-Que se abra un proceso de actualización de la documentación vencida de las personas que participaron en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y se reactiven los procesos tendientes a su naturalización.

También exigimos que se garantice nuestro derecho a la protesta pacífica, establecido en la Constitución pero que viene siendo negado sistemáticamente por este gobierno. La más reciente expresión de esto ha sido la posición sentada por el Ministerio de Interior y Policía en el sentido de que no podrían garantizar nuestra seguridad en una protesta masiva a diez años de la sentencia 168-13. Asimismo, que se someta a la justicia a las organizaciones de ultraderecha que de manera reiterada realizan amenazas de muerte contra integrantes de nuestra organización.

En la renovación y reimpulso de esta lucha animamos a incorporarse a todas las personas de firmes convicciones éticas y sólidos principios morales, a las organizaciones sociales y políticas que exigen derechos democráticos para todas las personas, en la República Dominicana y a nivel internacional. Parafraseando a Martin Luther King, el mayor problema no son las políticas opresivas de las instituciones sino el silencio y la inactividad de las personas buenas, que no concuerdan con esas políticas. Hagamos sentir nuestra presencia y que se escuche nuestra voz en este mes de septiembre, al cumplirse diez años de una decisión ignominiosa que sigue manchando y deshonrando al gobierno dominicano y sumiendo de manera injusta en la marginación y la pobreza a miles de personas por ser negras y de ascendencia haitiana.

Abajo la apatridia y el racismo, arriba una patria plural, democrática e inclusiva. Todos los derechos para todas las personas ya.