La Sentencia 168-13 ha sido la maxima expresión del racismo de estado en la República Dominicana
El 21 de marzo se conmemora la Masacre de Sharpeville, cometida por el régimen del apartheid sudafricano en el año 1960, cuando decenas de personas fueron asesinadas por disparos indiscriminados de la policía durante una manifestación pacífica. La fecha tuvo tal impacto que pocos años después se le consagró internacionalmente como Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. Luego de largas luchas, el pueblo sudafricano logró desmantelar el régimen de apartheid.
En República Dominicana, pese a que el Estado se define a sí mismo en la Constitución como un Estado Social Democrático y de Derecho, y que el artículo 39 de la misma Constitución establece el derecho a la igualdad, estas solemnes declaraciones se estrellan contra la cruda realidad de la discriminación racial elevada a política de Estado por los sucesivos gobiernos.
Este año se conmemoran diez años de la Sentencia 168-13, un instrumento para la segregación y la agudización de la discriminación racial en el país, desnacionalizando a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana y afectando el acceso a derechos como el de la salud, la educación, la libertad de la circulación y la libertad de reunión.
Transcurrida una década de esa sentencia inconstitucional, nos encontramos ante un panorama cada vez más crítico en lo que se refiere al derecho a la no-discriminación y a la igualdad. Esto tiene profundos efectos antidemocráticos actualmente cuyo impacto va mucho más allá de la comunidad dominicana de ascendencia haitiana que carga con el peso de la desnacionalización. Toda la sociedad queda envenenada por los prejuicios y la negación de la diversidad. Esto a su vez da mayor fuerza a sectores que reivindican abiertamente a la dictadura trujillista y a la dictadura balaguerista, animados por la impunidad a hostigar a la comunidad inmigrante y a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.
Recordamos el trato inhumano y la persecución contra la población migrante haitiana en la República Dominicana, incluyendo las expulsiones masivas de inmigrantes, la separación de familias, la detención de mujeres embarazadas, la detención arbitraria en centros hacinados y no aptos para albergar a personas, el robo y la extorsión generalizada. Muchas personas limitan sus movimientos en espacios públicos por temor a las redadas policiales y de agentes migratorios. Estos abusos se extienden a las personas dominicanas de ascendencia haitiana e incluso a personas dominicanas negras que no tienen ascendencia haitiana.
La mujer negra, sobre todo si es migrante o dominicana de ascendencia haitiana, está expuesta al discurso de odio del gobierno y la ultraderecha. Se trata de un discurso profundamente deshumanizador, que la presenta como una carga excesiva para el sistema de salud pública, como una amenaza para la soberanía o como agente de una supuesta “invasión de vientres”.
La discriminación en contra de las personas negras, haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en la República Dominicana incluye con frecuencia a las relaciones laborales precarizadas, con bajos salarios, sin derecho a la sindicalización o a la seguridad social e incluso se expresa como trabajo forzado y superexplotación, por ejemplo, en la industria azucarera y en la construcción. También aumenta la vulnerabilidad ante delitos como la trata de personas. Lamentablemente el gobierno retiró un proyecto de ley que abordaría este tema, cediendo a las exigencias de sectores de ultraderecha.
Todo este panorama puede y debe cambiar. Así como cayó el apartheid sudafricano, en República Dominicana la discriminación racial, la desnacionalización, la superexplotación, pueden y deben terminar si unimos fuerzas todas las organizaciones comprometidas con revertir estas políticas antidemocráticas y racistas.
