Movimiento Reconocido
Este mes de septiembre se cumplen once años de la sentencia inconstitucional y racista 168-13 que desnacionalizó a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, una sentencia cuyo objetivo era “blanquear” al país vinculando la nacionalidad a un criterio racial. Uno de sus artífices se retiró el año pasado del Tribunal Constitucional (TC). Se trata del ex presidente del TC, Milton Ray Guevara, un ideólogo del racismo y el antihaitianismo, quien deberá algún día responder ante instancias nacionales e internacionales por promover una agenda antidemocrática y violatoria de los derechos humanos cuyo resultado es la consolidación de un régimen de apartheid.
No es extraño que Ray Guevara, todavía en ejercicio de sus funciones como magistrado del TC, haya sido admitido en agosto de 2023 como miembro honorífico del Instituto Duartiano, junto a políticos extremistas como Marino Vinicio Castillo, Federico Henríquez Gratereaux y Miguel Franjul. En su discurso de admisión al Instituto Duartiano, Ray Guevara afirmó que hay “agendas que buscan eliminar a la República Dominicana”, una teoría conspirativa de origen trujillista. Como es sabido, el Instituto Duartiano ha organizado marchas en conjunto con organizaciones fascistas como la Antigua Orden Dominicana en los últimos años, bajo el nombre de “marchas patrióticas”.
Descendiente de libertos estadounidenses que huyeron de la discriminación y la persecución y fueron recibidos en Samaná por Boyer durante el período de unificación política de la isla, evento histórico del que se cumplieron 200 años en 2024, Ray Guevara nació en plena dictadura de Trujillo, en 1948. Su familia estuvo ligada al régimen trujillista. Ray Guevara es nieto de Pedro David Ray Williams, uno de los fundadores del Partido Reformista. Su padre fue presidente del Ayuntamiento del Municipio de Samaná. Luego de realizar estudios en Europa, Ray Guevara fue Secretario de Estado sin cartera en 1978, período en el que se le vincula a la contratación de 29 mil trabajadores azucareros haitianos en condiciones de superexplotación laboral, tal y como fue denunciado por el periodista Huchi Lora. Años después actuaría para despojar de todos los derechos a los hijos y nietos de esos mismos trabajadores, lo que demuestra su hipocresía. Fue embajador en varios países a partir de 1982 y Senador en 1998 por el PRD. Además, fue Secretario de Estado de Trabajo durante el gobierno de Hipólito Mejía. También fue integrante fundador de FINJUS, fue corredactor del Código de Trabajo balaguerista de 1992, que viola la libertad sindical y otros derechos laborales. Fue coautor del proyecto de reforma constitucional de 1994 y formó parte de la comisión de juristas que redactó la Constitución de 2010, que condicionó el ius soli a la regularidad migratoria en el caso de los hijos de extranjeros. A partir de 2011 integró el TC, desde donde perpetró uno de los mayores atentados jurídicos contra los derechos humanos en la historia del país, junto a otros magistrados que recientemente pasaron a retiro junto con él.
La sentencia 168-13 es un caso de estudio en materia de racismo y lawfare, el uso espurio de la administración de la justicia para atacar y perseguir a un enemigo, en este caso un sector históricamente oprimido y explotado. Ray Guevara y sus cómplices utilizaron el TC como un instrumento al servicio de su agenda racial, generando la sentencia 168-13 como parte de una guerra sucia contra las personas dominicanas de ascendencia haitiana. No le importó violar la constitución al extender de manera retroactiva los efectos de la sentencia a todas las personas nacidas a partir de 1929 en el país, descendientes de haitianos. La sentencia puede ser castigada en el ámbito internacional por constituir un acto de apartheid según la definición del Estatuto de Roma, firmado por la República Dominicana.
Así será recordado Ray Guevara, como el racista coautor de una sentencia ampliamente comparada con las Leyes de Nuremberg de los nazis, incluso por el escritor naturalizado dominicano Mario Vargas Llosa en su artículo Los parias del Caribe. Esta sentencia fundamentó prácticas de segregación racial violatorias de los derechos contenidos en nuestra constitución, que era su deber proteger. La sentencia dio continuidad institucional a prácticas discriminatorias e incluso genocidas del Estado dominicano como la masacre de 1937 contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Hasta hoy miles de personas dominicanas de ascendencia continúan en situación de apatridia y sufren las consecuencias de esta sentencia, que las priva de todo derecho político, económico y social.
El caso de Ray Guevara y sus colegas racistas debe quedar como advertencia a los nuevos magistrados electos para integrar el TC, quienes tienen la responsabilidad de corregir los desmanes de sus antecesores y reparar injusticias históricas. A los nuevos magistrados les alertamos que tienen el deber de respetar y hacer respetar los derechos humanos. A diferencia de Ray Guevara, quien siempre se colocó del lado de los más ricos y poderosos contra los derechos de los trabajadores y sus familias, los nuevos magistrados deben honrar el principio de la igualdad ante la ley. Si no lo hacen, si perpetúan la injusticia y la apatridia, también pasarán a la historia como cómplices del racismo, la exclusión y el uso de la administración de la justicia para vulnerabilizar a poblaciones enteras, para privarlas de sus derechos e impedir la materialización de un Estado social y de derecho en la República Dominicana. De sus acciones dependerá el juicio de la historia.
