Acceso a la Justicia y Protección Judicial de las personas dominicanas de ascendencia haitiana frente a diversas formas de discriminación en las diferentes esferas de su vida

 

Recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos al Estado dominicano

1. Crear las condiciones necesarias para que las personas dominicanas de ascendencia haitiana puedan acceder y utilizar los sistemas de justicia en igualdad de condiciones, para remediar los actos de afectaciones a su derecho a la nacionalidad u otros derivados de situación y pueden recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos.
2. Crear instancias y recursos judiciales idóneos y efectivos en zonas rurales, marginadas y en desventaja económica, con el objeto de garantizar que todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana tengan un acceso pleno a una tutela judicial efectiva ante actos de desconocimientos de sus derechos humanos.
3. Establecer procedimientos eficaces, tanto a nivel administrativo, como a nivel civil, penal, laboral, entre otros, para garantizar a las personas dominicanas de ascendencia haitiana el acceso a la justicia cuando vean vulnerado su derecho a la nacionalidad, personalidad jurídica, identidad, igualdad, trabajo, seguridad ciudadana, salud entre otros.
4. El desarrollo de políticas y programas de inclusión diseñados para que estos grupos puedan acceder a garantías y protecciones judiciales efectivas y para que las autoridades judiciales respeten sus derechos.
5. Sistematizar las decisiones de los organismos regionales e internacionales sobre el derecho a la nacionalidad, identidad e igualdad y no discriminación de los dominicanos de origen haitiano, y hacer esta información accesible a los operadores públicos a nivel nacional y local.
6. Difundir a nivel nacional información sobre los recursos judiciales existentes para personas sujetas a deportaciones sumarias, tomando en consideración la diversidad del público objetivo en función de sus distintas razas e idiomas.
7. Implementar mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para asegurar que los oficiales administrativos y los operadores de justicia cumplan con la ley, sus responsabilidades y los estándares internacionales en materia de discrecionalidad y discriminación.

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