Vemos con preocupación los recientes acontecimientos que se han venido sucediendo en nuestro país durante estas últimas semanas. Siguiendo el orden de los sucesos,  reiteramos nuestro total repudio a las amenazas de que han sido objetos comunicadores connotados y de irreprochable trayectoria, por considerar que dichas acciones no buscan más que intimidar y secuestrar el derecho a la libertad de expresión, uno de los valores más importantes en cualquier sociedad democrática.

Nos preocupan las manifestaciones que se han estado realizando en ambas partes de la isla con el objetivo de crear un sentimiento de rechazo entre naciones. Aún más preocupantes resulta ver a un pequeño grupo enquistado en la esfera de poder promoviendo dichas acciones con el silencio cómplice del gobierno. Logrando de esta manera suscitar conflictos entre los dos pueblos y así distraer la atención de los graves y verdaderos problemas que afectan los dos países.

Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes a esclarecer las circunstancias en que fue asesinado el ciudadano haitiano encontrado ahorcado en un parque Ercilia Pepín de la ciudad de Santiago de los Caballero. Es muy importante que este hecho tenga una respuesta satisfactoria y confiable de la justicia, pues hasta el momento sigue tomando fuerza la hipótesis de que consistió en un crimen de odio. Si ese fuera el caso, entendemos que las autoridades deben actuar de manera firme contra quienes, en algunos casos desde el mismo Estado, promueven el odio y la xenofobia en el país.

Nuestras acciones como movimiento se han caracterizado por ser de carácter cívico-pacifico por lo cual rechazamos enérgicamente las acciones desordenadas y de intento de embestida al consulado dominicano en Haití, hecho que sin duda alguna nos lastiman profundamente como dominicano/as.

Lamentamos las reacciones extremistas que en este contexto, en lugar de proponer abrir puentes de entendimiento, solicitan la ruptura de las relaciones que existen entre ambas naciones que compartimos la isla.

Pedimos a las autoridades y al gobierno mantener la serenidad sin dejarse provocar, pues es evidente que grupos de poder de ambas naciones apuestan a que haya un conflicto entre el pueblo dominicano y el haitiano, cosa que no puede ni debe ocurrir bajo ninguna circunstancia. Los gobiernos de cada país son los primeros responsables responsables de garantizar a sus poblaciones que un conflicto de esa naturaleza no ocurrirá, reiterando su compromiso con la paz.

En gobierno dominicano debe definir mejor una vocería respecto al tema, ya que muchas personalidades del tren gubernamental tocan notas disonantes, y dan la impresión de querer sustituir las posiciones oficiales del Gobierno frente a este tema.

Hacemos un llamado a la cordura, a la  paz y a la hermandad de los dos pueblos. Que se fortalezcan las relaciones bilaterales, caracterizadas por la solidaridad y la colaboración, dentro del marco del respeto y la buena convivencia.

Recordamos que la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana sigue sin solucionarse. La Ley 169-14 llamada a resolver dicha situación nos ha dejado en una condición de indefinición que las autoridades no terminan de aclarar. Reiteramos nuestro desacuerdo con que a las personas nacidas en territorio dominicano y que no hayan sido registradas en el registro civil dominicano se les de un trato como extranjeros. Se les somete a un proceso difícil para poder adquirir la nacionalidad, con ninguna garantía de que aquello será efectivo.

Muestra de eso es el fracaso rotundo que ha significado lo dispuesto en la Ley 169-14 para el grupo B, pues de un universo de 50 mil personas  que el gobierno estimaba podrían acceder al plan de naturalización, apenas 7,855 pudieron hacer la solicitud de acogerse a dicho proceso.

Concluido el plazo establecido por la ley, podemos afirmar que hubo muy poca voluntad de parte de los responsables de ejecutar el Plan, y la prueba más fehaciente son los resultados, ellos hablan por sí solos.A ello añadimos la indiferencia de las máximas autoridades que nunca atendieron a las constantes denuncias de lo mal llevado que era el proceso.

 Por último, llamamos a las autoridades dominicanas a tener cuidado de no repatriar a dominicanos por su color de piel. Reconocemos el derecho soberano de cada país tiene a establecer y aplicar sus leyes migratorias, pero estas nunca deben estar por encima de los DDHH. Por eso exigimos un protocolo público y claro que respete y garantice los personas y que bajo ninguna condición se repatríe a dominicanos-as.

 No se puede olvidar que la falta de la documentación de los dominicanos de ascendencia haitiana es un problema dominicano, y el país no puede vivir de espalda a él. Tarde o temprano esto deberá encontrar una solución efectiva y real.